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Recopilación de noticias de nuestros Tribunales de Justicia:

actualizadas  a

SELECCIÓN DE NOTICIAS DE TRIBUNALES  DESDE NOVIEMBRE DE 2.001 HASTA LA FECHA:


El Defensor del Pueblo pone a Alicante de ejemplo del mal funcionamiento de la justicia

Un padre presentó una queja porque un juzgado de San Vicente perdió la documentación por una presunta negligencia médica a su hijo     ( RAMÓN FERRANDO  Información 17.10.04 )

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pone a Alicante como ejemplo del mal funcionamiento de la justicia en España en su informe anual. Múgica considera que el servicio público que presta la Administración de Justicia debe mejorar para que los ciudadanos «sean tratados de forma correcta, sin que tengan que padecer esperas desmedidas, citaciones defectuosas que les obligan a ir varias veces al juzgado o la pérdida de expedientes» como le ocurrió a un padre alicantino.

El Defensor del Pueblo explica en su último informe que ha tramitado la queja de un alicantino que exponía que en 1994 su hijo ingresó en el Hospital de San Juan, siendo el desenlace trágico pues cuando el menor de cuatro meses fue dado de alta adolecía de parálisis cerebral. El padre presentó una denuncia por una presunta negligencia médica en un juzgado de San Vicente del Raspeig, que abrió diligencias previas. «El interesado relató en su queja que la denuncia fue archivada por lo que el denunciante solicitó una copia de las actuaciones para poder ejercer acciones civiles, pero en el juzgado le comunicaron que su expediente se había extraviado», según recoge el informe.
El Defensor del Pueblo investigó el caso y descubrió que las diligencias no habían sido localizadas ni halladas en el archivo, aunque sí constaba en el libro de registro que fueron definitivamente archivadas el 22 de septiembre de 1997. Múgica lamenta que «sólo se pudo comunicar al denunciante la forma que podía presentar una queja por el mal funcionamiento de la Administración de justicia».
Enrique Múgica advierte de que este tipo de situaciones ponen de manifiesto cómo el servicio público debe mejorar adoptando más medidas organizativas, incorporando efectivamente tecnologías informáticas y estableciendo incentivos para las personas que trabajan en la justicia. El Defensor del Pueblo considera que es imprescindible contratar gestores e implantar técnicas de gestión en juzgados y tribunales. El informe incide en que el establecimiento de turnos vespertinos, que se viene pidiendo desde hace años, es una experiencia adoptada con éxito en varios países.
Múgica entiende que la «informatización de los procesos debe acometerse con mayor seriedad, con apoyo permanente y directo a las oficinas judiciales», como han venido reclamando los jueces de Alicante. Además, recuerda que el uso del correo electrónico debería estar generalizado hace tiempo ya que las comunicaciones siguen siendo por fax.
El Defensor del Pueblo cree que los cambios que propone pueden conducir a una justicia accesible al ciudadano, eficaz, de calidad, transparente, equitativa y previsible. «Porque, en cualquier caso, no se pueden apaciguar los ánimos de las personas que acuden a la Administración de justicia ofreciéndoles sólo la posibilidad de presentar una reclamación» como al ciudadano alicantino, concluye el informe.
 
 
  
Un fallo informático bloquea los juzgados del Palacio de Justicia.         Información 06.10.04

Los funcionarios no pudieron trabajar durante la jornada de ayer al estar todos los procesos informatizados y el juez de guardia tuvo que usar máquinas de escribir

RAMÓN FERRANDO

Un fallo informático bloqueó durante todo el día de ayer una treintena de juzgados del Palacio de Justicia de Benalúa. Los funcionarios permanecieron la mayoría del tiempo parados porque todo el sistema de trabajo está informatizado. La situación de caos llegó a tal extremo que el juez de guardia tuvo que recurrir a antiguas máquinas de escribir. Jueces, fiscales, abogados y funcionarios lamentaron que la situación se repite cíclicamente por el mal estado de la red informática.

La caída del sistema se produjo a primera hora de la mañana y afectó sobre todo a los juzgados de guardia, Instrucción, Penal, Primera Instancia y Vigilancia Penitenciaria, a la Fiscalía de Menores, y a los servicios de Notificaciones, Instituto de Medicina Legal, Oficina de Ayuda a la Víctima y al Decanato. Unos trescientos funcionarios no pudieron trabajar porque se acabó la jornada laboral sin haberse reparado la avería. La consecuencia fue la suspensión de declaraciones tras largas esperas y la imposibilidad de atender a los abogados que querían consultar sus asuntos. Lo único que se pudo celebrar con normalidad fueron los juicios, aunque en la jurisdicción de Civil los magistrados no pudieron firmar las actas al no funcionar las impresoras.
El juzgado de guardia sufrió el mayor perjuicio al ser todas las tramitaciones urgentes. El fiscal tuvo que redactar los escritos de acusación para los juicios rápidos a mano, el juez tomó declaración a los ocho detenidos con una máquina eléctrica y las personas que querían poner una denuncia fueron enviadas a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Benalúa.
Durante toda la mañana un técnico intentó sin éxito poner en marcha el sistema. La Conselleria de Justicia envió por la tarde a otros dos informáticos para tratar de solucionar el problema al juzgado de guardia, que era el único que permanecía abierto.
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, aseguró que el problema se originó por una caída del suministro de luz de Iberdrola que «ha afectado al cableado». Sin embargo, un portavoz de la compañía eléctrica apuntó que en la zona no tenían registrada ninguna avería y recordó que el mantenimiento de la instalación de los juzgados «depende del cliente». La Conselleria de Justicia confía en que todo esté resuelto hoy.
 
 
Uno de cada cuatro funcionarios de Justicia carece de un puesto fijo. Información 24.09.04

Los jueces advierten de que la alta tasa de interinidad repercute en los juzgados porque los trabajadores están más desmotivados y se limitan a hacer una labor puntual

R. F./J. A. M.

Uno de cada cuatro funcionarios de Justicia en la provincia carece de un puesto fijo. Jueces, fiscales y sindicatos coinciden en que la alta tasa de interinidad de los juzgados alicantinos es el talón de aquiles de la Justicia ya que tiene como consecuencia directa el retraso en la tramitación de asuntos. La juez decana de Alicante, Monserrat Navarro, advirtió ayer de que «el problema es que los funcionarios que saben que en tres meses los van a cesar se limitan a hacer una labor muy puntual. Los trabajadores que no tienen estabilidad pierden motivación».

En la provincia trabajan 1.300 funcionarios en los juzgados de los que 360 son interinos. El porcentaje es de un 27% frente al 10% de la media nacional o el 7% de la provincia de Valencia.
Alfredo Eiroa, delegado del sindicato CSI-CSIF, explicó que «hemos llegado a esta situación porque la Comunidad Valenciana lleva seis años sin que haya salido ni una sola plaza. La consecuencia es que algunos juzgados de la provincia carecen de plantillas fijas con experiencia porque los interinos van rotando continuamente». El juzgado de Menores número dos es uno de los más castigados por la inestabilidad laboral de sus trabajadores hasta el punto de que la magistrada ha tenido en ocasiones que realizar labores administrativas para evitar que el juzgado se colapse.
La falta de personal tiene otra incidencia directa en los retrasos judiciales. Las investigaciones se están viendo perjudicadas por la carencia de fiscales. Fuentes de la Fiscalía recordaron que en la provincia hay un fiscal por cada tres jueces. «Cada vez se nos exige más cosas, pero no refuerzan la plantilla. Los fiscales intervienen en los asuntos penales y cada vez más en los civiles como los internamientos o en los de familia como los divorcios en los que hay hijos menores. Además, hay fiscales de guardia que tienen que cubrir a la vez tres poblaciones como Ibi, Alcoy y Villena», señalaron.
El estado de los equipos y redes informáticas también suponen un lastre. La juez decana lamentó que «la red de ordenadores de los juzgados de la provincia continúa siendo obsoleta provocando retrasos innecesarios». La Generalitat ha comenzado a renovar los equipos, pero de momento los nuevos ordenadores sólo han llegado a los juzgados de Instrucción.
Al margen de problemas puntuales con la informática, como el que sufrió el fiscal de malos tratos que tuvo dos meses el ordenador bloqueado, los jueces y fiscales siguen sin explotar al máximo las posibilidades que ofrece Internet. Uno de los ejemplos más claros, según fuentes judiciales, es que las consultas al registro central de maltratadores se siguen haciendo vía fax. «Al final los que pagan las consecuencias de las carencias de medios y personal son los ciudadanos», lamentaron fuentes del Palacio de Justicia.
 

 

 
Los jueces reclaman más juzgados de Mercantil al crear el Tribunal de Marcas. Información 02.09.04

La nueva sala de la Audiencia será la única de España en resolver asuntos de marcas, modelos y dibujos comunitarios
 




Los magistrados aprovecharon ayer la constitución del Tribunal de Marcas en Alicante para revindicar mayor número de juzgados de lo Mercantil en la provincia. La Audiencia de Alicante acogía ayer la toma posesión de los magistrados de la nueva Sección Octava, que fallará en segunda instancia sobre los litigios mercantiles de Alicante, y tendrá jurisdicción en toda España en conflictos de marcas, dibujos y modelos comunitarios. Ayer entraba en vigor la Ley Concursal, por la que también se ponía en marcha el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante.

Los dos magistrados que estarán al frente del tribunal tomaron posesión de su cargo en un acto sencillo pero solemne en el que estuvieron presentes todos los magistrados de la Audiencia de Alicante, representantes del colegio de Abogados, la Fiscalía y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, subrayó que el nuevo juzgado de Mercantil y el Tribunal de Marcas abordarán asuntos de carácter nacional, por lo que consideró insuficiente el hecho de que sólo se hubiera previsto un juzgado de Mercantil para la provincia de Alicante. «Estaremos muy atentos a la carga de trabajo de este juzgado para reivindicar cuantos sean necesarios», dijo. De la Rúa expresó la satisfacción que suponía el reto de la especialización que suponían los juzgados de Mercantil, y subrayó que con la nueva Ley Concursal el papel del juez será mucho más activo. El tope que se ha marcado es el 650 asuntos. Una vez que se sobrepase este volumen de trabajo, se reclamará al Ministerio la creación de más juzgados. La Comunidad Valenciana reivindicó tres de estos juzgados para la provincia de Alicante, dos para repartirse los asuntos mercantiles de las zonas norte y sur de la provincia, y un tercero para ocuparse de los asuntos de marca comunitaria de toda España.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, señaló que «es un día histórico para la provincia de Alicante», en referencia a la puesta en marcha del Tribunal de Marcas. El conseller de Justicia, Miguel Peralta, que asistía ayer en Alicante a su primer acto oficial en el cargo, señaló que ha destinado 798.000 euros de presupuesto para el gasto de personal de los nuevos juzgados mercantiles de la Comunidad.
El Tribunal de Marcas no sólo tendrá la competencia en los litigios sobre marcas comunitarias que se produzcan en toda España, sino también será el órgano judicial de referencia cuando el conflicto se plantee entre dos empresas extracomunitarias. De todos modos, y pese a este carácter internacional el idioma oficial será el castellano.
El presidente del Tribunal, el magistrado Enrique García-Chamón, manifestó que es una incógnita el número de litigios de marcas comunitaria que generará la provincia, porque no hay datos objetivos sobre la materia. «Antes se registraba de estado en estado, y ahora se registran en la OAMI», explicó. De todas maneras señaló que las crisis industriales que se produzcan en la provincia elevarán seguro la necesidad de crear más de estos juzgados.
Hasta final de año, no empezarán a entrar asuntos mercantiles y de marcas al nuevo Tribunal, por lo que provisionalmente resolverá asuntos civiles para descargar de trabajo a las otras secciones.
 

El Tribunal de Marcas arrancará el 1 de octubre.- Información 27.12.03

J. A. M.

El Tribunal de Marcas, que será la Sección Octava de la Audiencia Provincial, comenzará a funcionar el 1 de octubre de 2004, informó ayer el presidente de la Audiencia, Vicente Magro. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se concreta la concesión a Alicante de este Tribunal de Marcas, que se pone en marcha un mes más tarde de lo previsto. Esta sala estará en manos de dos magistrados de la Audiencia Provincial, cuyas plazas serán amortizadas en las otras secciones cuando ocupen sus plazas.

Del mismo modo, esta reforma regula también la creación de los nuevos juzgados de lo Mercantil, que también comenzarán a funcionar en la misma fecha tanto en Alicante como en el resto del país. Los magistrados alicantinos han solicitado dos nuevos juzgados de lo Mercantil para Alicante, que tratarían asuntos de toda la provincia. Sin embargo, el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre cuántos juzgados acabará creando.
Magro destacó que la creación del Tribunal de Marcas hará de la Audiencia Provincial de Alicante la única del país con competencia nacional e internacional al conocer de los procedimientos en materia de marca, modelos y dibujos comunitarios. La sala estará ubicada en la última planta de la Audiencia Provincial y para su habilitación se tendrá que hacer una reforma mínima.
La ley también aprueba la aplicación del sistema de juicios rápidos civiles para materias tales como desahucios, reclamaciones de deudas inferiores a 3.000 euros y procesos de familia. Según Magro, la previsión es que para el mes de mayo se creen en Alicante y Elche unas oficinas para que las demandas que se presenten por estos asuntos se señalen directamente para juicio en un plazo máximo de entre 20 y 30 días. Para ello, se crearán unos juzgados de guardia civiles, tal como se ha hecho con los juicios rápidos.
 
 
Justicia propone crear sólo un juzgado de lo Mercantil y el Tribunal de Marcas.- 18.05.04

Los jueces alicantinos han advertido de que hacen falta tres juzgados como mínimo para hacer frente al número de asuntos y que uno se dedique en exclusiva a las marcas comunitarias

R. FERRANDO Información 18.05.04

El Ministerio de Justicia comunicó ayer al Consell la propuesta para crear un solo juzgado de lo Mercantil en Alicante para toda la provincia y la Sección Octava de la Audiencia Provincial que se convertirá a partir del 1 de septiembre en el Tribunal de Marcas. El juzgado de lo Mercantil de Alicante también tendrá que resolver los litigios de marcas en primera instancia. Los jueces alicantinos advirtieron en un informe de que en Alicante eran necesarios tres juzgados mercantiles como mínimo y que uno de ellos se debía dedicar en exclusiva a resolver los asuntos de marca comunitaria.

Los juzgados de Mercantil son de nueva ceración y asumirán competencias que actualmente tramitan los de Primera Instancia y los de lo Social. El caso de Alicante es además singular ya que, según establece la propia ley, uno de los juzgados de lo Mercantil radicado en la capital ostentará la competencia sobre todas las materias relacionadas con la marca, modelo y dibujo comunitario. Según el informe de los magistrados, el juzgado de Marcas alicantino «tendrá una jurisdicción mundial por lo que no sería conveniente atribuirle otros competencias dada la gran complejidad jurídica y técnica que los asuntos de este materia requieren». El Ministerio ha obviado esta reclamación cargando al único juzgado previsto con los asuntos de lo Mercantil.
Los jueces consideraban imprescindible la puesta en marcha de un juzgado de lo Mercantil en Alicante -que tendría que resolver también los asuntos de Alcoy, Ibi, Elda, Villajoyosa, Benidorm y San Vicente- y otro en Elche.
El Ministerio de Justicia también ha propuesto a la Conselleria la puesta en marcha de dos juzgados Mercantiles en Valencia y deja sin ninguno a Castellón.
El conseller de Justicia se reunió ayer con los presidentes del TSJ y los de las Audiencias de Valencia y Castellón para analizar la situación. El presidente del TSJ, según informó EFE, apuntó que el proyecto ministerial provocaría «un colapso de los juzgados desde el principio» ya que la ley requiere «un mayor seguimiento de cada caso». Por su parte, el conseller de Justicia, Víctor Campos, anunció que solicitará una reunión con el Ministerio para exponerle «las necesidades reales de incrementar ese número de juzgados».
 
El BOE publica la creación del Tribunal de Marcas y el juzgado de lo Mercantil 14-07.04

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto por el que se dispone la creación de una plaza de magistrado de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante para el Tribunal de la Marca Comunitaria, así como la habilitación y constitución de un juzgado de lo Mercantil, tal y como fue aprobado el viernes. Según fuentes judiciales, el Ministerio de Justicia confirma de este modo que la fecha de entrada en funcionamiento de los nuevos órganos no sufrirá ningún retraso con respecto a lo previsto en la nueva Ley Concursal. El Tribunal de Marcas y el juzgado de lo Mercantil comenzarán a funcionar en septiembre.
 
 
El Ministerio creará en Elche un juzgado de lo Mercantil para 2005. Informacion 07.08.04

 Justicia reconoce las condiciones «especiales y exclusivas» de la provincia por el Tribunal de Marcas y anuncia otro órgano para el próximo año

El Ministerio de Justicia atenderá el año próximo las reivindicaciones de magistrados, colegios profesionales y Generalitat Valenciana para crear en la ciudad de Elche un juzgado de Mercantil, petición que no ha entrado en la primera fase del plan de creaciones previstos en la programación del 2004. En un informe, el Ministerio de Justicia reconoce que en la provincia de Alicante se dan «competencias especiales y exclusivas, como juzgado de Marca Comunitaria, por lo que de requerirlo la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional se procederá a la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil en la provincia de Alicante». El secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de Rosa, quien negoció en Madrid la creación de un segundo juzgado para la provincia -concretamente para Elche- atendiendo a la importante carga de trabajo, se mostró satisfecho por este cambio de opinión del Ministerio de Justicia. Dicha petición estuvo apoyada el pasado mes de junio por todos los colegios profesionales de Elche.

La creación de un juzgado de lo Mercantil se hace prácticamente imprescindible para los profesionales de Elche después de la reforma de la Ley Concurso, de fecha 22/2003, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y que obliga a partir de ese día a presentar en Alicante (pues el juzgado tiene carácter uniprovincial) todos los procedimientos sobre suspensiones de pagos y quiebras de todas las empresas de la provincia.
El Ministerio reconoce en el mismo documento oficial que ha sido imposible conceder todos los órganos jurisdiccionales necesarios para la buena aplicación de la normativa, pero asegura que la implantación va a realizarse, «de una forma escalonada», a lo que añade que «dentro de las previsiones iniciales que estudia el Gobierno para la programación del próximo 2005, está la de completar la implantación de los juzgados de lo Mercantil, creando nuevos juzgados en todas aquellas provincias en que, en virtud de las cargas de trabajo que vaya resultando, así se justifique».

Evolución
El informe señala por último que, entre todos los casos y peticiones que se van a atender para nuevas creaciones, «este Departamento tendrá especialmente en cuenta la evolución estadística del juzgado de lo Mercantil de Alicante, habida cuenta de las competencias especiales asignadas a dicho órgano para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de la previstos en los reglamentos del Consejo de la Unión Europea sobre la marca comunitaria y del Consejo de la Unión Europea sobre los dibujos y modelos comunitarios, a cuyo fin y en el ejercicio de estas competencia, extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional como juzgado de Marca Comunitaria».
 

 
Una avería en el ordenador impide al fiscal especializado registrar 250 asuntos y advertir a sus compañeros de los casos graves de reincidencia .

RAMÓN FERRANDO  Diario Información 11.09.04

La Fiscalía no controla a los maltratadores desde hace dos meses por un fallo informático.

La Fiscalía de malos tratos lleva dos meses sin poder controlar a los agresores de la provincia por un fallo informático. El fiscal especializado, Ángel Alcázar, tiene sobre la mesa 250 asuntos sin registrar y no puede advertir a sus compañeros de los casos graves de reincidencia para que pidan más pena. El problema, según fuentes del Palacio de Justicia, es que una de las placas del ordenador que contiene el archivo provincial de maltratadores no funciona. La Fiscalía no ha conseguido que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento la cambie a pesar de que es una operación sencilla, según las mismas fuentes.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el archivo central del Poder Judicial sí que está funcionado, pero el fiscal especializado «no tiene acceso a esos ficheros» por lo que no puede advertir a sus compañeros de que tomen medidas que garanticen la protección de las víctimas de forma más eficaz en los casos más graves.
El archivo de la Fiscalía que está bloqueado contiene el registro estadístico de delitos de malos tratos de toda la provincia, órdenes de protección concedidas, peticiones de condena y sentencias. Los fiscales acuden ahora a juicio a ciegas ya que no reciben toda la información sobre el historial de los agresores, siempre según fuentes del Palacio de Justicia.
La función principal del fiscal de malos tratos es unificar criterios, pero actualmente no se puede volcar en la lucha contra la violencia doméstica porque también tiene a su cargo un juzgado de Instrucción de Alicante. Otro handicap es que la Fiscalía continúa sin recibir las denuncias de malos tratos de Elche, Alcoy y Elda.
Por otra parte, el fiscal de malos tratos advirtió de que desde que se pusieron en marcha los juicios rápidos «no se está castigando la habitualidad como antes». Ángel Alcázar señaló que los fiscales están pidiendo condenas por el artículo 153 del Código Penal en vez de por el 173 que agrava la pena por la habitualidad «porque desconocen las denuncias anteriores». Alcázar apuntó que «la solución es que un fiscal se dedique en exclusiva a los asuntos de violencia doméstica. Yo soy partidario de los juzgados de malos tratos porque es la única manera de tener realmente controlados a todos los maltratadores».

  
        Justicia crea un juzgado «virtual» para los casos civiles de Sant Joan y El Campello
Primera Instancia tres bis arrancará el 16 de enero con el 70% de la plantilla de un órgano judicial normal

RAMÓN FERRANDO información 27.12.03

Justicia ha decidido crear un juzgado «virtual» para que asuma los casos civiles de Sant Joan d´Alacant y El Campello a partir del 16 de enero, que es cuando se va a producir la división del partido judicial de San Vicente del Raspeig, según confirmaron ayer fuentes de la magistratura. El juzgado arrancará con el 70% de la plantilla de funcionarios y con una juez que acaba de salir de la escuela judicial. La junta de jueces de Benalúa ha decidido que este juzgado, que se va a llamar Primera Instancia número tres bis, se encargue en exclusiva de los casos de Sant Joan y El Campello hasta que el Gobierno habilite uno normal. El principal problema que tiene este juzgado «virtual» es que en cualquier momento puede ser eliminado.

La Conselleria de Justicia ha improvisado la propuesta ante el anuncio de los jueces de Alicante de que iniciarán una huelga de celo en enero como no se creen más juzgados civiles para poder tramitar sin colapsarse los asuntos de Sant Joan y El Campello. Los estudios que se han hecho de las cargas competenciales revelan que el 65% de los casos que actualmente se tramitan en San Vicente del Raspeig son de Sant Joan y El Campello. El Gobierno sí que proyectó con tiempo un juzgado de Instrucción para hacer frente al incremento de los casos penales.
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosas, propuso hace unos días a los jueces civiles de Alicante la creación de un órgano judicial «virtual» porque legalmente ya no hay tiempo para constituir uno normal. La fórmula que se ha elegido es poner en marcha un juzgado de apoyo adscrito a uno de los ocho de civil que actualmente están funcionado en Alicante, aunque es ficticio ya que en realidad va a operar con independencia, según explicaron ayer fuentes judiciales. Los magistrados eligieron por sorteo a que juzgado se iba a adscribir y salió el número tres de Primera Instancia.
Fuentes de la magistratura reconocieron que el principal problema que tiene este tipo de juzgado respecto a uno normal es que «lo pueden eliminar sin previo aviso y nace con menos plantilla».
La constitución del juzgado de Primera Instancia número tres bis todavía está pendiente de la aprobación de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que se da por hecho.
Los jueces confían en la palabra de Fernando de Rosa que les ha insistido en que van a trabajar desde la Generalitat para que el año que viene vea la luz el juzgado de Primera Instancia número once. En ese momento todos los juzgados civiles de Alicante comenzarán a repartirse los casos de Sant Joan y El Campello.
El Boletín Oficial del Estado público ayer la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye la modificación del partido de San Vicente del Raspeig, según informó el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro. La reforma conlleva que San Vicente pierde en favor de Alicante las competencias sobre Sant Joan y El Campello y mantiene las del propio San Vicente, Xixona, Aigües, Busot y Mutxamel.
Magro explicó que «a partir del 16 de enero todas las demandas y denuncias de Sant Joan y El Campello tendrán que presentarse en el Palacio de Justicia de Benalúa en lugar de en San Vicente del Raspeig».
 
 
  

               CC OO alerta del colapso de los juzgados civiles con la reforma de San Vicente


El sindicato dice que «se va a cambiar el tapón de sitio» y pide que se tomen medidas para paliar la avalancha

J. A. M.  10-DICIEMBRE 2003

El sindicato Comisiones Obreras aseguró ayer que el incremento de causas que tendrán los juzgados de Alicante por el cambio del partido judicial de San Vicente abocará al colapso a los juzgados de lo Civil. A juicio de CC OO, lo único que se está haciendo es quitar el tapón de un sitio para ponerlo en otro, por lo que reclamaron medidas para tratar de paliar esa situación, según el delegado de este sindicato en los juzgados de Benalúa. Diego Beltrán.

Como ya publicó este diario, los juzgados alicantinos tendrán que asumir en torno a los 15.000 nuevos casos al año al integrarse San Juan y El Campello en su partido judicial. De estos asuntos, 12.000 corresponderían a causas penales, y entre 2.500 y 3.000 civiles. Según Beltrán, uno de los aspectos que más preocupan es la repercusión en los procedimientos civiles, ya que estos juzgados tienen un un volumen de trabajo que supera en un 15 por ciento los parámetros establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. A esto añadió que la situación de los juzgados de Alicante es buena en comparación con los del resto de la provincia, pero, sin embargo, la Administración quiere equipararlos al resto en lo peor, aunque destacó que la medida será muy positiva para San Vicente.

La marcha de Beltrán

Por otro lado, el fiscal jefe de Alicante tomó ayer posesión de su cargo, tras haber sido propuesto para la reelección. El fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, se trasladó ayer a la Audiencia Provincial de Alicante para despedirse de sus compañeros ante su próximo cese en el cargo a partir de enero. Como el Boletín Oficial del Estado ha publicado la reelección de José Antonio Romero como fiscal jefe de Alicante, se aprovechó la visita para celebrar la toma de posesión de éste.

 

El PSOE pregunta si habrá refuerzos en los juzgados

La diputada socialista Juan Serna ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno aclare qué medidas adoptará para que cuando los juzgados de Alicante asuman 15.000 nuevos casos al año éstos no superen los parámetros establecidos por el Poder Judicial.
 
 
             Los jueces de Alicante asumirán 15.000 asuntos más al año desde enero
La reforma del partido judicial de San Vicente derivará nuevas causas a los juzgados a pesar de sobrepasar el máximo fijado por el CGPJ

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ (  INFORMACION 9-12-03)

Los juzgados de Alicante asumirán a partir de enero una media de 15.000 asuntos más al año con el cambio del partido judicial de San Vicente, según las previsiones de la Conselleria de Justicia. De esta manera, los magistrados de la demarcación de Alicante tramitarán los asuntos de El Campello y San Juan. De estas nuevas causas, 12.000 corresponderán a procedimientos penales, y entre 2.500 y 3.000 a asuntos civiles, y suponen el 65 por ciento del trabajo de los juzgados de San Vicente. El Congreso de los Diputados ratificará esta semana esta reforma que tiene por objeto sacar del colapso en el que se encuentran los juzgados de este partido judicial. Sin embargo, el Gobierno sólo contempla la creación de un juzgado de Instrucción nuevo en Alicante con motivo de esta reforma, a pesar de que en estos juzgados la carga de trabajo supera con creces el volumen fijado por el Consejo General del Poder Judicial.

La previsión apunta a que después de las próximas navidades entrará en vigor la reforma del partido judicial de San Vicente, por la que los asuntos de localidades como El Campello y San Juan pasarán a tramitarse en los juzgados de Alicante. De todos modos, esta modificación no va a suponer la amortización de los juzgados que ya están funcionando en San Vicente. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que los juzgados tres y cuatro seguirán funcionando hasta que se estabilice la situación en este partido judicial. «Dejar ahora a San Vicente con sólo dos juzgados, supondría condenar a esta zona a no salir del colapso en el que encuentra», señaló.
Por el momento, ya se está notificando a las Fuerzas de Seguridad de los municipios afectados que a partir de enero deberán coordinarse con los magistrados de Alicante para la tramitación de denuncias, y la puesta a disposición judicial de detenidos, entre otras cuestiones. La reforma del partido judicial de San Vicente se aprobará este próximo jueves en el Congreso de los Diputados, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado el próximo 18 de diciembre, para entrar en vigor 20 días después.
La reforma del partido judicial viene marcada sin embargo con ciertos recelos por parte de los magistrados Alicante, que temen que el aumento de trabajo no vaya acompañado de un refuerzo de medios, en unos juzgados que manejan un volumen de asuntos superior al de su capacidad.
Según un informe de CC OO, en los tres años anteriores el número de asuntos investigados por los juzgados de Alicante creció un diez por ciento al haber aumentado la delincuencia. A finales del año pasado, se creó el octavo juzgado de Instrucción en Alicante, y éste se ha aprobado la creación del noveno. La Dirección General de Justicia está negociando con el Ministerio la creación de un décimo juzgado de Instrucción para poder asumir los nuevos casos que generará la reforma del partido judicial.
 
Los jueces amenazan con una huelga de celo si no se crean más juzgados

Los magistrados advierten de que limitarán el número de señalamientos semanales «para que puedan atenderse en las debidas condiciones de eficacia»

RAMÓN FERRANDO  22-NOVIEMBRE 2003

Los cuarenta magistrados alicantinos han acordado en una junta de jueces comenzar una huelga de celo en enero si el Gobierno no crea más juzgados. Los jueces se oponen a asumir los casos de San Juan y El Campello, que ahora se tramitan en San Vicente del Raspeig pero que con la modificación del partido judicial pasarán a Alicante antes de fin de año, si no se ponen en marcha al menos seis juzgados. El acta de la reunión, que va a ser remitida al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia, advierte de que la modificación del partido judicial de San Vicente del Raspeig sin la correlativa creación de juzgados provocará el colapso de los de Alicante y expresa el malestar judicial «por la falta de información institucional, así como por la nula consideración que se presta a los jueces». Los magistrados reconocen que la huelga de celo conllevará una demora en la tramitación de asuntos.

El malestar de los jueces con el Gobierno se ha acentuado desde la transformación de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en uno de Instrucción por el incremento de casos que supone asumir las poblaciones de San Juan y El Campello. Los jueces se oponen radicalmente a la reconversión de juzgados ya que consideran que es necesario crear nuevos. Según el acta de la junta, inicialmente se prometió que «iban a trasladar a Alicante dos juzgados de San Vicente del Raspeig, pero ahora van a continuar allí durante un periodo transitorio cuya duración no está exactamente determinada».
Los jueces insisten en que es imprescindible crear más juzgados para evitar el colapso de los de Alicante «teniendo en cuenta que el 60% de la litigiosidad de San Vicente del Raspeig proviene de San Juan y El Campello. Solamente se pueden asumir las nuevas competencias con cuatro juzgados nuevos de Civil -de los que uno se dedicaría a Familia- y dos de Instrucción. De todos ellos sólo han previsto poner en marcha uno de Instrucción a costa de la reconversión del Contencioso Administrativo número cuatro».
Los jueces temen que la política de reconversión que ha impulsado el Gobierno para ahorrar costes continúe con la transformación del juzgado de lo Penal número siete de Alicante en el décimo de Instrucción. La junta recuerda que a pesar de las perspectivas del Gobierno de que con los juicios rápidos se iban a producir muchas conformidades en los juzgados de Instrucción evitando que los casos llegaran a los Penales, la carga competencial de estos últimos «está aumentando por la ejecución de las sentencias».
El acta de la junta también recoge que «ante determinadas noticias que interesadamente han venido apareciendo en los medios de comunicación, los magistrados de los juzgado de lo Social queremos poner de relieve que la carga de trabajo que soportamos supera con creces los mínimos exigidos por el Consejo General del Poder Judicial». Los jueces, que lanzan la advertencia para evitar la pérdida de uno de los juzgados de lo Social, apuntan que este año superarán los módulos del Consejo en más de un 30%. En este sentido insisten en que «entendemos que es improcedente cualquier medida tendente a suprimir juzgados pues con ello se acarrearía irremediablemente una sobrecarga de trabajo difícil de asumir que redundaría en el servicio».


A la opinión pública

El documento concluye resaltando que para el caso de que antes de comienzo de 2004 no se dé «una solución a los problemas que existen actualmente en la demarcación de Alicante y además se agraven con la modificación del partido judicial sin la creación de más juzgados, se reunirán las juntas sectoriales para adoptar los correspondientes acuerdos de limitación del número de señalamientos semanales». Los jueces justifican la huelga de celo en que es necesario el recorte de juicios para que los asuntos «se puedan atender con las debidas condiciones de calidad y eficacia». Los jueces anuncian que darán traslado de esta decisión a «los ciudadanos, procuradores y abogados para que conozcan cumplidamente las razones por las que a partir de ese momento se producirá la inevitable demora en la tramitación y resolución de los procedimientos».

Los magistrados piden además al Consejo General del Poder Judicial que los jueces adjuntos que acaban de salir de la escuela judicial y están realizando prácticas en Alicante queden adscritos a los juzgados de la capital «para su refuerzo hasta que consigan plazas en titularidad».

 

 

Una juez ordena cerrar un juzgado por una plaga de cucarachas

Todos los señalamientos se suspendieron y las oficinas se sellaron doce horas tras enviar Justicia una empresa para fumigar 
Maria Jesus Sanchez ( Informacion 26.03.03 )

La titular del Juzgado número cuatro de San Vicente ordenó ayer el cierre de las dependencias tras detectar una
plaga de cucarachas que impedía a la plantilla trabajar con normalidad. La decisión judicial se comunicó a la Conselleria de Justicia, que unas horas después envió a una empresa especializada para fumigar el juzgado y
desinfectarlo. Todos los señalamientos de este juzgado se suspendieron «hasta nuevo aviso» y la situación se comunicó a los asuarios con varios carteles colocados en la puerta y los accesos. Fuentes de los juzgados
explicaron que tras optar la juez por cerrar el juzgado, algunos empleados decidieron regresar a su casa y el resto se trasladó a otras oficinas para poder trabajar, como el Decanato. Según explicó el representante sindical
de CSI-CSIF Alfredo Eiroa el juzgado está ubicado en un local sobre el que hay un edificio de viviendas y la plaga procede de los pisos, aunque se ha extendido a la oficina judicial a través de un agujero por el que se comunican los bloques. Eiroa explicó que aunque se habían encontrado cucarachas con anterioridad, la situación se consideró «límite», al aparecer los insectos entre los expedientes, mesas y archivos. La Conselleria de Justicia reaccionó enviando a una empresa para fumigar el juzgado a la una de la tarde, el cual debía permanecer sellado unas doce
horas, por lo que la plantilla esperaba incorporarse hoy con normalidad. 
Para el delegado de CSI-CSIF «todos los juzgados de San Vicente se encuentran en una situación lamentable, sobre todo los más antiguos que son los números uno y dos, pero lo que exigimos es que se construya un
palacio de justicia lo antes posible y que el proyecto no se demore más».
Según Alfredo Eiroa, el nuevo edificio es necesario «en aras de mejorar la imagen de la Justicia, porque hace ya varios años que las obras se tenían que haberse iniciado y los juzgados deberían estar ya funcionando en su  sede». Otra cuestión que destacó Eiroa es que «la experiencia nos demuestra que los locales que alquila la administración generan estos problemas y es necesario disponer de infraestructura propia». Para el representante de CSI-CSIF, el traslado de los empleados del juzgado afectado a otras oficinas no es una buena solución «para juzgados que ya
están colapsados de personal».Por su parte, el responsable provincial de Justicia en CC OO, Carmelo Hernández, recordó que la situación que se registró ayer en San Vicente «la hemos denunciado de forma global repetidas veces junto a otros problemas de este tipo, ya que sospechamos que los roedores y las cucarachas vivían en perfecta armonía en la instalación del aire acondicionado». Carmelo Hernández aseguró que como delegado de Prevención de su sindicato iba a denunciar los hechos ante 
Sanidad y la Inspección de Trabajo «porque la problemática ha llegado al máximo de lo sostenible». Hernández también reclamó «soluciones inmediatas a Justicia», ya que «si no se pone remedio nos plantaremos nosotros para que la gente no se vea obligada a trabajar en estas condiciones». El representante de CC OO expresó «mi más enérgica repulsa a la total dejadez, abandono y falta de interés que ha mostrado Justicia en todo este tiempo, ya que las instalaciones hace mucho que se consideran insostenibles». Carmelo Hernández critica que Justicia «lleve años
parcheando en estos locales, porque cada cierto tiempo aparece un problema similar y la imagen que está dando ante los usuarios es tercermundista». 


Justicia rechaza la enmienda de Cataluña que reclamaba más tribunales de Marcas

M. J. S. ( Informacion 26.03.03)

La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda de Convergéncia i Unió (CiU) que presentó a la reforma de la Ley Concursal, en la que reclamaba que el Tribunal de Marcas se extendiera a más comunidades autónomas y no se limitara a Alicante. Tras el rechazo de la comisión, el nuevo texto legal no se alterará y se ratificará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, que posteriormente lo trasladará al
Senado. La enmienda se presentó en noviembre, después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, anunciara que la sede definitiva estaría en Alicante, donde la Generalitat ya ha previsto su sala en el edificio judicial
de Pardo Gimeno. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, recordó que la decisión política implicará que la provincia cuente con juzgados especializados de lo Mercantil y tribunal de apelación, lo que abre
nuevas perspectivas a los profesionales de la Justicia. El magistrado valoró positivamente el rechazo de la enmienda después de que se anunciara de forma oficial que la sede se concedía a Alicante. Para CiU, la decisión política de que el Tribunal de Marcas esté en Alicante por ser el lugar donde está la OAMI no se justificaba, al entender que sus resoluciones «son conocidas en vía jurisdiccional, no por los tribunales nacionales de los Estados miembros». También rechazó que el Tribunal de Marcas tenga carácter «excepcional» y alega que debería configurarse como un «modelo normal de demarcación en aquellas comunidades en que existan concentraciones importantes de tráfico industrial o mercantil». Otro alegato es el grave perjuicio que estima que la decisión causa «a todos los particulares y empresas de todo el territorio del Estado, que se verán obligados a salir del ámbito territorial de su comunidad para litigar». 

 
La falta de intérpretes provoca retrasos de meses en las traducciones judiciales

Información 08.03.03


R. Ferrando

El Tribunal Superior de Justicia advierte en el informe de que la falta de intérpretes está provocando retrasos de meses en las traducciones judiciales. El documento refleja que «para conseguir traducciones al español desde el francés o el inglés se ha limitado excesivamente el personal lo que está provocando un retraso excesivo que no se corresponde con la agilidad que se está propugnado para la Justicia».

Los jueces denuncian en el análisis la deficiente informatización de los juzgados. En algunos partidos judiciales «el material está totalmente obsoleto. Ni siquiera se pueden leer los discos de legislación y jurisprudencia», sostiene el informe. Los juzgados tampoco están interconectados a través de Internet.
El TSJ critica en el documento al director general de Justicia, Eloy Velasco, por su «política de hechos consumados que en múltiples ocasiones ha adoptado desde una idea patrimonialista de los edificios y medios judiciales». El documento recuerda las injerencias de Velasco en competencias de los jueces al subrayar que su actitud «colisiona con las facultades que legalmente corresponden a los órganos de gobierno interno de los juzgados y tribunales». Los jueces matizan que con el conseller de Justicia los contactos «son más fluidos».
El TSJ detecta un incremento del 42% en los asuntos judiciales sin resolver 

Información 08.03.03


Los juzgados de Instrucción achacan el aumento de las demoras al crecimiento constante de la delincuencia

R. Ferrando

El Tribunal Superior de Justicia alerta en su memoria anual de un incremento del 42% de asuntos judiciales sin resolver en los juzgados de Instrucción. Los jueces de Instrucción de la provincia tenían 6.225 asuntos pendientes cuando se inició el año y cuando se cerró el 31 de diciembre los casos sin resolver ascendían a 8.885. El presidente del TSJ destacó ayer en Valencia que los juzgados alicantinos son los únicos de la Comunidad donde están entrando más casos de los que se están cerrando. Los magistrados de Instrucción se acogieron el año pasado a un plan de choque que debía acabar con los atrasos. Fuentes judiciales achacaron el aumento en los retrasos al crecimiento de la delincuencia en el último año.

El informe refleja que la situación en el resto de las jurisdicciones no es mucho mejor. Los casos sin resolver en los juzgados de lo Penal han aumentado un 10%. Los juzgados de Primera Instancia, que tramitan los asuntos civiles, también sufren un retraso importante debido, según el TSJ, a la elevada carga de trabajo que soportan.
El Tribunal Superior de Justicia destaca en el informe que la realidad es todavía más preocupante en los dos juzgados de Menores debido a que el número de asuntos resueltos es «sustancialmente inferior al de los casos nuevos». El TSJ apunta que los juzgados se encuentran «totalmente desbordados» a causa de la falta de plantilla en los equipos técnicos que deben analizar cada caso. El 31 de diciembre habían 643 juicios bloqueados porque faltaba un informe del equipo técnico. Los redactores del análisis reconocen que de «mantenerse el ritmo actual podría llegarse a una situación de todo punto inadmisible». Los jueces alicantinos ya han advertido de que el próximo mes los juzgados de Menores pueden llegar al colapso total.
El Tribunal Superior de Justicia propone medidas contundentes para intentar paliar este panorama. Los jueces piden la creación inmediata de un juzgado de lo Social en Elche al apreciar que los asuntos sin resolver empiezan a ser «alarmantes». Además solicitan la puesta en marcha de otro juzgado de lo Social en la ciudad de Alcoy con competencias para los partidos judiciales de Alcoy e Ibi debido a que es una zona industrial que origina un gran número de asuntos.
El TSJ considera prioritario la creación de la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Elche y los juzgados de Instrucción número nueve de Alicante y el once de Primera Instancia para afrontar la reforma del partido judicial de San Vicente. Los autores del informen apuntan que es necesario adscribir un cuarto magistrado de apoyo a la Sección Sexta de la Audiencia y dos a la Sala de Elche. El TSJ insiste en el documento en que es urgente reforzar con jueces de apoyo los juzgados de Novelda, San Vicente, Alcoy y Torrevieja.

La Justicia podría producir un 25% más con los recursos que tiene

Efe, Madrid ( 6 Marzo 20003 )

La Justicia podría producir un 25% más de lo que actualmente hace con los recursos y medios de los que dispone, según un estudio presentado hoy en del Foro sobre la reforma y gestión de la Justicia.

En este foro se han elaborado tres estudios sobre la imagen y los costes de la Justicia. Uno de estos estudios, que aborda la dilación, eficiencia y costes, pone de manifiesto, según explicó ayer su autor, el catedrático Santos Pastor, que la Justicia española «no produce cuanto puede con los recursos con que cuenta, y lo que produce no lo hace al menor coste posible». Por ello, considera que los problemas de la Justicia no son una cuestión que pueda solventarse principalmente con más medios.

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Prescriben 350 casos en los juzgados de Menores por la falta de medios

Los magistrados no pueden juzgar otros 1.100 asuntos que ya están instruidos por los  fiscales porque carecen de un informe legal

 Diario INFORMACIÓN 18.01.03 RAMÓN FERRANDO

Más de 350 casos del año 2001 que afectan a menores han prescrito porque no ha dado tiempo a juzgarlos, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El número de asuntos que ya ha empezado a prescribir por la falta de medios es sólo la punta del iceberg ya que centenares de denuncias ni siquiera se van a poder instruir. La situación se agrava cada día. La falta de plantilla en el equipo técnico del juzgado impide juzgar otros 1.100 asuntos que legalmente requieren un exhaustivo informe sobre la situación del menor. El equipo técnico sólo es capaz de tramitar 75 casos al mes. En la jurisdicción de Menores los asuntos menos graves como los robos con fuerza y de uso, los hurtos y las faltas por amenazas y lesiones prescriben al año. La finalidad de la ley es que los jóvenes sean juzgados en el menor tiempo posible para evitar que vuelvan a delinquir y para propiciar su reinserción. Este tipo de delitos que están
prescribiendo son los que estadísticamente más cometen los adolescentes. 

El colapso en el juzgado está provocando que muchos asuntos ni siquiera se investiguen porque «materialmente es imposible», según fuentes judiciales.
Los fiscales y los jueces creen que los jóvenes de la provincia se están concienciando de que los delitos que cometen quedan impunes cuando comprueban que no son citados ni para declarar. Los fiscales consideran que «esta sensación de impunidad que se está generando entre los más jóvenes es alarmante ya que estadísticamente cometen el 48 por ciento de los robos».Fuentes de la Fiscalía de Menores advirtieron de que ya hay víctimas que han acudido al juzgado a protestar cuando han recibido la notificación de que su caso ha prescrito. Los fiscales, jueces y funcionarios sostienen que el juzgado se ha colapsado porque Justicia ha tardado dos años en reforzar la plantilla de la Fiscalía lo que ha provocado que muchos asuntos se hayan ido acumulando hasta que la situación se ha vuelto «insostenible». Los jueces están convencidos de que se llegará al colapso total antes del mes de abril como el Gobierno no cree de inmediato el tercer juzgado de Alicante. A estas penurias se une que uno de los dos
magistrados, que tiene seis años de experiencia, ha sido trasladado al TSJ de Madrid. 


Justicia inaugura el Juzgado de Instrucción número 8  DEPENDENCIAS DE BENALUA EN ALICANTE

El PERIÓDICO DE ALICANTE   30.12.02

El director general de Justicia, Eloy Velasco, inaugura hoy a la 13.00 horas en el Edificio de los Juzgados de Benalúa de Alicante las instalaciones del nuevo Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad, una demanda largamente extendida dentro de la judicatura alicantina por su necesidad, a la espera de la futura Ciudad de la Justicia, que unificará en un mismo espacio todos los juzgados de Alicante.

Recientemente se anunció que la urbanización de los 27.854 metros cuadrados de los terrenos del antiguo cuartel de San Fernando, así como de los edificios de la Audiencia Provincial y los nuevos juzgados y los de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, se iniciarán a finales de 2003, según dijo el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

El primer edil adelantó que los técnicos de Urbanismo están redactando la modificación del PGOU para aprobarlo por pleno en enero o febrero.

      

La precaria realidad de los juzgados

Falta de personal y de ordenadores, archivos en los sótanos y goteras son sólo algunas de las carencias de los tribunales de la provincia.    

(INFORMACIÓN 16 Diciembre de 2.002)

La realidad vuelve a desmentir a la oficialidad. Mientras la gran mayoría de la planta judicial de la provincia adolece de una ostensible y endémica falta de medios materiales, el director general de Justicia, Eloy Velasco, mantiene que las carencias denunciadas por los jueces no son reales. Preguntado por el uso por parte de un juzgado de Alicante de un fax procedente de un robo, Velasco respondió el miércoles pasado que los tribunales alicantinos «están mejor dotados de medios que los de otras comunidades». Ésta es la versión oficial; a continuación se refleja, comarca por comarca, la situación real de los juzgados de la provincia. 

Los magistrados de Alicante llevan meses advirtiendo de que no pueden seguir trabajando con la actual carencia de medios. El principal problema en estos momentos es la falta de intérpretes. Hace unos días una juez dejó en libertad a un detenido porque no se presentó el traductor de lituano. Los titulares de los juzgados de Instrucción exigen que la Conselleria de Justicia les proporcione al menos un intérprete de árabe y otro de rumano de forma permanente para cubrir las guardias. De momento han de compartir los traductores con el resto de juzgados y en algunas guardias se han colapsado. Los siete juzgados de Instrucción también carecen del fax que necesitan para notificar sus resoluciones. Esto ha obligado a un juez a utilizar un fax procedente de una intervención policial para poder trabajar. El parque de ordenadores se ha quedado obsoleto. Los juzgados de Alicante debían estar registrando desde hace un año los casos con el programa Cicerone, pero fallan los equipos. Los problemas con el sistema informático, debido a que no hay un equipo de técnicos de guardia, han obligado en algunas ocasiones a tomar las declaraciones de los detenidos a mano. La carencia de medios obligó a los jueces de Instrucción a suspender en julio los juicios rápidos, que aplicaban con éxito desde enero. Esta falta de infraestructura también acabó con los juzgados de Malos Tratos. Los juzgados de lo Civil carecen de medios básicos como las impresoras en las salas de vistas. Asímismo, la falta de personal en los juzgados de Menores ha  provocado la desmoralización de los fiscales, que ven cómo día a día se van acumulando casos a los que no pueden hacer frente. La Generalitat implantó hace tres años un complejo sistema de seguridad con video vigilancia para el Palacio de Justicia, pero nunca se ha usado porque no contrató a una persona para que controlara los monitores. (Informa Ramón Ferrando ).En Elche , los juzgados están anclados desde hace seis años por la falta de espacio. Un problema que se ha agudizado por el incremento de nuevos órganos judiciales (una sección de la Audiencia y tres juzgados especializados en laboral, penal y contencioso), y al que no se dará una respuesta en un plazo mínimo de dos o tres años, pues aún no se conoce cuándo saldrá a concurso el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En la actualidad, los juzgados de Elche están divididos en tres sedes, y en el edificio de la plaza de los Reyes Católicos se ubican en la planta semisótano, sin condiciones, algunos de los órgans judiciales donde trabajan una veintena de personas y por los que pasan cientos de ciudadanos cada año.
En esta planta se encuentra la sección de la Audiencia, las oficinas de Fiscalía, los despachos forenses y parte de los archivos. Precisamente, el exceso de asuntos antiguos y la falta de espacio del almacén ha provocado  que los huecos de una escalera interior del edificio se usen como improvisados archivadores. La creación de órganos judiciales ha obligado a utilizar unas antiguas dependencias del Ayuntamiento de Elche para dos juzgados que incumplen la normativa en materia de barreras arquitéctonicas al carecer de un ascensor para acceder a ellos. En estas dependencias no existe seguridad alguna, como tampoco en los juzgados de lo Social, donde los funcionarios  han reiterado la falta de seguridad y los robos. (Informa Manuel Alarcón ).

Los juzgados de Torrevieja y Orihuela  padecen los mismos problemas de falta de medios e inseguridad con el agravante de estar situados en zonas con un crecimiento demográfico espectacular que magnifica esos problemas. Las viejas dependencias judiciales de Orihuela están empapeladas con las reivindicaciones de los funcionarios, mientras que el Palacio de Justicia de Torrevieja, inaugurado en 1999, se quedó pequeño nada más comenzar su andadura y ya se prevé su ampliación. La Conselleria admite que el crecimiento en el número de  casos y la acumulación de asuntos que pasan por esos juzgados de la comarca es el más grande de España. De hecho, en los últimos tres años la Administración autonómica y el Consejo General del Poder Judicial no han tenido más alternativa que instar a la creación de seis nuevos juzgados. Durante el ejercicio de 2001 en Torrevieja entraron 27.500 denuncias y asuntos penales y se resolvieron 31.000, frente a los 35.000 registrados en Orihuela por 37.000 resueltos, según los datos de Justicia. Sindicatos y usuarios critican los largos retrasos que provoca la ausencia de un juzgado de lo penal en Torrevieja. (Informa David Pamies )

El nuevo Palacio de Justicia de Dénia se inauguró al principio de la presente legislatura y, tras las palabras de las autorridades locales y de Eloy Velasco, un grupo de trabajadores se manifestó denunciando las carencias del centro. Poco más de dos años después, la falta de espacio y la nula vigilancia se han revelado como principales carencias de un centro que «hace agua». Ante la falta de medios y espacio, los expedientes judiciales se encuentran por encima de mesas y sillas y en el suelo. Además, al encontrarse los archivos completamente repletos, muchos de los expedientes se están almacenando en el sotano y cuando llueve con cierta intensidad -algo que ocurre en Dénia
todos los años-, las bombas son incapace