Recopilación de noticias de nuestros Tribunales de Justicia:
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SELECCIÓN DE NOTICIAS DE TRIBUNALES DESDE NOVIEMBRE DE 2.001 HASTA LA FECHA:
Oposición del Ministerio Fiscal a los video- juicios ( 19 Febrero 2.002)
El Pte. de la Audiencia Provincial entiende desfasada la orden del Fiscal General (21 Febr.2002)
El Fiscal de accidentes laborales propone crear Juzgados especiales ( La Verdad 21 Febrero 2.002)
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes ( 30 Nov. 2001)
La Generalitat desea implantar horario de tarde en los juzgados con más trabajo pendiente. (Oct. 2001)
El TSJ dice que la celebración de juicios por las tardes es competencia del juez. (Oct. 2001)
La UGT duda que sea eficaz abrir los juzgados por las tardes. (Nov. 2001)
El Tribunal Superior pide al CGPJ frene la oferta de abrir los juzgados por las tardes.(Nov.2001)
Abogados y Procuradores rechazan que los Juzgados celebren juicios por las tardes. (Nov.2001)
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes (Nov.2001)
Generalitat Valenciana pagará 35.000 ptas más a funcionarios que trabajen por la tarde (11.12.01)
La nueva ley de Enjuiciamiento Civil reduce un 32% los pleitos. (Nov.2001)
El Colegio de Procuradores se hará cargo del servicio común de notificaciones. ( Nov.2001)
La nueva sala de la Audiencia será la única de España en resolver asuntos de marcas, modelos y dibujos comunitarios
Los magistrados aprovecharon ayer la constitución del Tribunal de Marcas en Alicante para revindicar mayor número de juzgados de lo Mercantil en la provincia. La Audiencia de Alicante acogía ayer la toma posesión de los magistrados de la nueva Sección Octava, que fallará en segunda instancia sobre los litigios mercantiles de Alicante, y tendrá jurisdicción en toda España en conflictos de marcas, dibujos y modelos comunitarios. Ayer entraba en vigor la Ley Concursal, por la que también se ponía en marcha el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante. Los dos magistrados que estarán al frente del tribunal tomaron posesión de su cargo en un acto sencillo pero solemne en el que estuvieron presentes todos los magistrados de la Audiencia de Alicante, representantes del colegio de Abogados, la Fiscalía y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, subrayó que el nuevo juzgado de Mercantil y el Tribunal de Marcas abordarán asuntos de carácter nacional, por lo que consideró insuficiente el hecho de que sólo se hubiera previsto un juzgado de Mercantil para la provincia de Alicante. «Estaremos muy atentos a la carga de trabajo de este juzgado para reivindicar cuantos sean necesarios», dijo. De la Rúa expresó la satisfacción que suponía el reto de la especialización que suponían los juzgados de Mercantil, y subrayó que con la nueva Ley Concursal el papel del juez será mucho más activo. El tope que se ha marcado es el 650 asuntos. Una vez que se sobrepase este volumen de trabajo, se reclamará al Ministerio la creación de más juzgados. La Comunidad Valenciana reivindicó tres de estos juzgados para la provincia de Alicante, dos para repartirse los asuntos mercantiles de las zonas norte y sur de la provincia, y un tercero para ocuparse de los asuntos de marca comunitaria de toda España. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, señaló que «es un día histórico para la provincia de Alicante», en referencia a la puesta en marcha del Tribunal de Marcas. El conseller de Justicia, Miguel Peralta, que asistía ayer en Alicante a su primer acto oficial en el cargo, señaló que ha destinado 798.000 euros de presupuesto para el gasto de personal de los nuevos juzgados mercantiles de la Comunidad. El Tribunal de Marcas no sólo tendrá la competencia en los litigios sobre marcas comunitarias que se produzcan en toda España, sino también será el órgano judicial de referencia cuando el conflicto se plantee entre dos empresas extracomunitarias. De todos modos, y pese a este carácter internacional el idioma oficial será el castellano. El presidente del Tribunal, el magistrado Enrique García-Chamón, manifestó que es una incógnita el número de litigios de marcas comunitaria que generará la provincia, porque no hay datos objetivos sobre la materia. «Antes se registraba de estado en estado, y ahora se registran en la OAMI», explicó. De todas maneras señaló que las crisis industriales que se produzcan en la provincia elevarán seguro la necesidad de crear más de estos juzgados. Hasta final de año, no empezarán a entrar asuntos mercantiles y de marcas al nuevo Tribunal, por lo que provisionalmente resolverá asuntos civiles para descargar de trabajo a las otras secciones.
El Ministerio de Justicia atenderá el año próximo las reivindicaciones de magistrados, colegios profesionales y Generalitat Valenciana para crear en la ciudad de Elche un juzgado de Mercantil, petición que no ha entrado en la primera fase del plan de creaciones previstos en la programación del 2004. En un informe, el Ministerio de Justicia reconoce que en la provincia de Alicante se dan «competencias especiales y exclusivas, como juzgado de Marca Comunitaria, por lo que de requerirlo la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional se procederá a la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil en la provincia de Alicante». El secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de Rosa, quien negoció en Madrid la creación de un segundo juzgado para la provincia -concretamente para Elche- atendiendo a la importante carga de trabajo, se mostró satisfecho por este cambio de opinión del Ministerio de Justicia. Dicha petición estuvo apoyada el pasado mes de junio por todos los colegios profesionales de Elche. La creación de un juzgado de lo Mercantil se hace prácticamente imprescindible para los profesionales de Elche después de la reforma de la Ley Concurso, de fecha 22/2003, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y que obliga a partir de ese día a presentar en Alicante (pues el juzgado tiene carácter uniprovincial) todos los procedimientos sobre suspensiones de pagos y quiebras de todas las empresas de la provincia. El Ministerio reconoce en el mismo documento oficial que ha sido imposible conceder todos los órganos jurisdiccionales necesarios para la buena aplicación de la normativa, pero asegura que la implantación va a realizarse, «de una forma escalonada», a lo que añade que «dentro de las previsiones iniciales que estudia el Gobierno para la programación del próximo 2005, está la de completar la implantación de los juzgados de lo Mercantil, creando nuevos juzgados en todas aquellas provincias en que, en virtud de las cargas de trabajo que vaya resultando, así se justifique». Evolución El informe señala por último que, entre todos los casos y peticiones que se van a atender para nuevas creaciones, «este Departamento tendrá especialmente en cuenta la evolución estadística del juzgado de lo Mercantil de Alicante, habida cuenta de las competencias especiales asignadas a dicho órgano para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de la previstos en los reglamentos del Consejo de la Unión Europea sobre la marca comunitaria y del Consejo de la Unión Europea sobre los dibujos y modelos comunitarios, a cuyo fin y en el ejercicio de estas competencia, extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional como juzgado de Marca Comunitaria».
RAMÓN FERRANDO Diario Información 11.09.04
La Fiscalía no controla a los maltratadores desde hace dos meses por un fallo informático.
La Fiscalía de malos tratos lleva dos meses sin poder controlar a los agresores de la provincia por un fallo informático. El fiscal especializado, Ángel Alcázar, tiene sobre la mesa 250 asuntos sin registrar y no puede advertir a sus compañeros de los casos graves de reincidencia para que pidan más pena. El problema, según fuentes del Palacio de Justicia, es que una de las placas del ordenador que contiene el archivo provincial de maltratadores no funciona. La Fiscalía no ha conseguido que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento la cambie a pesar de que es una operación sencilla, según las mismas fuentes. Fuentes de la Fiscalía señalaron que el archivo central del Poder Judicial sí que está funcionado, pero el fiscal especializado «no tiene acceso a esos ficheros» por lo que no puede advertir a sus compañeros de que tomen medidas que garanticen la protección de las víctimas de forma más eficaz en los casos más graves. El archivo de la Fiscalía que está bloqueado contiene el registro estadístico de delitos de malos tratos de toda la provincia, órdenes de protección concedidas, peticiones de condena y sentencias. Los fiscales acuden ahora a juicio a ciegas ya que no reciben toda la información sobre el historial de los agresores, siempre según fuentes del Palacio de Justicia. La función principal del fiscal de malos tratos es unificar criterios, pero actualmente no se puede volcar en la lucha contra la violencia doméstica porque también tiene a su cargo un juzgado de Instrucción de Alicante. Otro handicap es que la Fiscalía continúa sin recibir las denuncias de malos tratos de Elche, Alcoy y Elda. Por otra parte, el fiscal de malos tratos advirtió de que desde que se pusieron en marcha los juicios rápidos «no se está castigando la habitualidad como antes». Ángel Alcázar señaló que los fiscales están pidiendo condenas por el artículo 153 del Código Penal en vez de por el 173 que agrava la pena por la habitualidad «porque desconocen las denuncias anteriores». Alcázar apuntó que «la solución es que un fiscal se dedique en exclusiva a los asuntos de violencia doméstica. Yo soy partidario de los juzgados de malos tratos porque es la única manera de tener realmente controlados a todos los maltratadores».
CC OO alerta del colapso de los juzgados civiles con la reforma de San Vicente
Una juez ordena cerrar un juzgado por una plaga de cucarachas Todos los señalamientos se suspendieron y las oficinas se sellaron doce horas tras enviar Justicia una empresa para fumigar Maria Jesus Sanchez ( Informacion 26.03.03 ) La titular del Juzgado número cuatro de San Vicente ordenó ayer el cierre de las dependencias tras detectar una plaga de cucarachas que impedía a la plantilla trabajar con normalidad. La decisión judicial se comunicó a la Conselleria de Justicia, que unas horas después envió a una empresa especializada para fumigar el juzgado y desinfectarlo. Todos los señalamientos de este juzgado se suspendieron «hasta nuevo aviso» y la situación se comunicó a los asuarios con varios carteles colocados en la puerta y los accesos. Fuentes de los juzgados explicaron que tras optar la juez por cerrar el juzgado, algunos empleados decidieron regresar a su casa y el resto se trasladó a otras oficinas para poder trabajar, como el Decanato. Según explicó el representante sindical de CSI-CSIF Alfredo Eiroa el juzgado está ubicado en un local sobre el que hay un edificio de viviendas y la plaga procede de los pisos, aunque se ha extendido a la oficina judicial a través de un agujero por el que se comunican los bloques. Eiroa explicó que aunque se habían encontrado cucarachas con anterioridad, la situación se consideró «límite», al aparecer los insectos entre los expedientes, mesas y archivos. La Conselleria de Justicia reaccionó enviando a una empresa para fumigar el juzgado a la una de la tarde, el cual debía permanecer sellado unas doce horas, por lo que la plantilla esperaba incorporarse hoy con normalidad. Para el delegado de CSI-CSIF «todos los juzgados de San Vicente se encuentran en una situación lamentable, sobre todo los más antiguos que son los números uno y dos, pero lo que exigimos es que se construya un palacio de justicia lo antes posible y que el proyecto no se demore más». Según Alfredo Eiroa, el nuevo edificio es necesario «en aras de mejorar la imagen de la Justicia, porque hace ya varios años que las obras se tenían que haberse iniciado y los juzgados deberían estar ya funcionando en su sede». Otra cuestión que destacó Eiroa es que «la experiencia nos demuestra que los locales que alquila la administración generan estos problemas y es necesario disponer de infraestructura propia». Para el representante de CSI-CSIF, el traslado de los empleados del juzgado afectado a otras oficinas no es una buena solución «para juzgados que ya están colapsados de personal».Por su parte, el responsable provincial de Justicia en CC OO, Carmelo Hernández, recordó que la situación que se registró ayer en San Vicente «la hemos denunciado de forma global repetidas veces junto a otros problemas de este tipo, ya que sospechamos que los roedores y las cucarachas vivían en perfecta armonía en la instalación del aire acondicionado». Carmelo Hernández aseguró que como delegado de Prevención de su sindicato iba a denunciar los hechos ante Sanidad y la Inspección de Trabajo «porque la problemática ha llegado al máximo de lo sostenible». Hernández también reclamó «soluciones inmediatas a Justicia», ya que «si no se pone remedio nos plantaremos nosotros para que la gente no se vea obligada a trabajar en estas condiciones». El representante de CC OO expresó «mi más enérgica repulsa a la total dejadez, abandono y falta de interés que ha mostrado Justicia en todo este tiempo, ya que las instalaciones hace mucho que se consideran insostenibles». Carmelo Hernández critica que Justicia «lleve años parcheando en estos locales, porque cada cierto tiempo aparece un problema similar y la imagen que está dando ante los usuarios es tercermundista».
Justicia rechaza la enmienda de Cataluña que reclamaba más tribunales de Marcas M. J. S. ( Informacion 26.03.03) La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda de Convergéncia i Unió (CiU) que presentó a la reforma de la Ley Concursal, en la que reclamaba que el Tribunal de Marcas se extendiera a más comunidades autónomas y no se limitara a Alicante. Tras el rechazo de la comisión, el nuevo texto legal no se alterará y se ratificará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, que posteriormente lo trasladará al Senado. La enmienda se presentó en noviembre, después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, anunciara que la sede definitiva estaría en Alicante, donde la Generalitat ya ha previsto su sala en el edificio judicial de Pardo Gimeno. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, recordó que la decisión política implicará que la provincia cuente con juzgados especializados de lo Mercantil y tribunal de apelación, lo que abre nuevas perspectivas a los profesionales de la Justicia. El magistrado valoró positivamente el rechazo de la enmienda después de que se anunciara de forma oficial que la sede se concedía a Alicante. Para CiU, la decisión política de que el Tribunal de Marcas esté en Alicante por ser el lugar donde está la OAMI no se justificaba, al entender que sus resoluciones «son conocidas en vía jurisdiccional, no por los tribunales nacionales de los Estados miembros». También rechazó que el Tribunal de Marcas tenga carácter «excepcional» y alega que debería configurarse como un «modelo normal de demarcación en aquellas comunidades en que existan concentraciones importantes de tráfico industrial o mercantil». Otro alegato es el grave perjuicio que estima que la decisión causa «a todos los particulares y empresas de todo el territorio del Estado, que se verán obligados a salir del ámbito territorial de su comunidad para litigar».
Información 08.03.03
La Justicia podría producir un 25% más con los recursos que tiene Efe, Madrid ( 6 Marzo 20003 ) La Justicia podría producir un 25% más de lo que actualmente hace con los recursos y medios de los que dispone, según un estudio presentado hoy en del Foro sobre la reforma y gestión de la Justicia. En este foro se han elaborado tres estudios sobre la imagen y los costes de la Justicia. Uno de estos estudios, que aborda la dilación, eficiencia y costes, pone de manifiesto, según explicó ayer su autor, el catedrático Santos Pastor, que la Justicia española «no produce cuanto puede con los recursos con que cuenta, y lo que produce no lo hace al menor coste posible». Por ello, considera que los problemas de la Justicia no son una cuestión que pueda solventarse principalmente con más medios.
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Prescriben 350 casos en los juzgados de Menores por la falta de medios Los magistrados no pueden juzgar otros 1.100 asuntos que ya están instruidos por los fiscales porque carecen de un informe legal Diario INFORMACIÓN 18.01.03 RAMÓN FERRANDO Más de 350 casos del año 2001 que afectan a menores han prescrito porque no ha dado tiempo a juzgarlos, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El número de asuntos que ya ha empezado a prescribir por la falta de medios es sólo la punta del iceberg ya que centenares de denuncias ni siquiera se van a poder instruir. La situación se agrava cada día. La falta de plantilla en el equipo técnico del juzgado impide juzgar otros 1.100 asuntos que legalmente requieren un exhaustivo informe sobre la situación del menor. El equipo técnico sólo es capaz de tramitar 75 casos al mes. En la jurisdicción de Menores los asuntos menos graves como los robos con fuerza y de uso, los hurtos y las faltas por amenazas y lesiones prescriben al año. La finalidad de la ley es que los jóvenes sean juzgados en el menor tiempo posible para evitar que vuelvan a delinquir y para propiciar su reinserción. Este tipo de delitos que están prescribiendo son los que estadísticamente más cometen los adolescentes.
El colapso en el juzgado está provocando que muchos asuntos ni siquiera se investiguen porque «materialmente es imposible», según fuentes judiciales. Los fiscales y los jueces creen que los jóvenes de la provincia se están concienciando de que los delitos que cometen quedan impunes cuando comprueban que no son citados ni para declarar. Los fiscales consideran que «esta sensación de impunidad que se está generando entre los más jóvenes es alarmante ya que estadísticamente cometen el 48 por ciento de los robos».Fuentes de la Fiscalía de Menores advirtieron de que ya hay víctimas que han acudido al juzgado a protestar cuando han recibido la notificación de que su caso ha prescrito. Los fiscales, jueces y funcionarios sostienen que el juzgado se ha colapsado porque Justicia ha tardado dos años en reforzar la plantilla de la Fiscalía lo que ha provocado que muchos asuntos se hayan ido acumulando hasta que la situación se ha vuelto «insostenible». Los jueces están convencidos de que se llegará al colapso total antes del mes de abril como el Gobierno no cree de inmediato el tercer juzgado de Alicante. A estas penurias se une que uno de los dos magistrados, que tiene seis años de experiencia, ha sido trasladado al TSJ de Madrid.
Justicia inaugura el Juzgado de Instrucción número 8 DEPENDENCIAS DE BENALUA EN ALICANTE
El PERIÓDICO DE ALICANTE 30.12.02
Recientemente se anunció que la urbanización de los 27.854 metros cuadrados de los terrenos del antiguo cuartel de San Fernando, así como de los edificios de la Audiencia Provincial y los nuevos juzgados y los de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, se iniciarán a finales de 2003, según dijo el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.
El primer edil adelantó que los técnicos de Urbanismo están redactando la modificación del PGOU para aprobarlo por pleno en enero o febrero.
La precaria realidad de los juzgados
Falta de personal y de ordenadores, archivos en los sótanos y goteras son sólo algunas de las carencias de los tribunales de la provincia.
(INFORMACIÓN 16 Diciembre de 2.002) La realidad vuelve a desmentir a la oficialidad. Mientras la gran mayoría de la planta judicial de la provincia adolece de una ostensible y endémica falta de medios materiales, el director general de Justicia, Eloy Velasco, mantiene que las carencias denunciadas por los jueces no son reales. Preguntado por el uso por parte de un juzgado de Alicante de un fax procedente de un robo, Velasco respondió el miércoles pasado que los tribunales alicantinos «están mejor dotados de medios que los de otras comunidades». Ésta es la versión oficial; a continuación se refleja, comarca por comarca, la situación real de los juzgados de la provincia. Los magistrados de Alicante llevan meses advirtiendo de que no pueden seguir trabajando con la actual carencia de medios. El principal problema en estos momentos es la falta de intérpretes. Hace unos días una juez dejó en libertad a un detenido porque no se presentó el traductor de lituano. Los titulares de los juzgados de Instrucción exigen que la Conselleria de Justicia les proporcione al menos un intérprete de árabe y otro de rumano de forma permanente para cubrir las guardias. De momento han de compartir los traductores con el resto de juzgados y en algunas guardias se han colapsado. Los siete juzgados de Instrucción también carecen del fax que necesitan para notificar sus resoluciones. Esto ha obligado a un juez a utilizar un fax procedente de una intervención policial para poder trabajar. El parque de ordenadores se ha quedado obsoleto. Los juzgados de Alicante debían estar registrando desde hace un año los casos con el programa Cicerone, pero fallan los equipos. Los problemas con el sistema informático, debido a que no hay un equipo de técnicos de guardia, han obligado en algunas ocasiones a tomar las declaraciones de los detenidos a mano. La carencia de medios obligó a los jueces de Instrucción a suspender en julio los juicios rápidos, que aplicaban con éxito desde enero. Esta falta de infraestructura también acabó con los juzgados de Malos Tratos. Los juzgados de lo Civil carecen de medios básicos como las impresoras en las salas de vistas. Asímismo, la falta de personal en los juzgados de Menores ha provocado la desmoralización de los fiscales, que ven cómo día a día se van acumulando casos a los que no pueden hacer frente. La Generalitat implantó hace tres años un complejo sistema de seguridad con video vigilancia para el Palacio de Justicia, pero nunca se ha usado porque no contrató a una persona para que controlara los monitores. (Informa Ramón Ferrando ).En Elche , los juzgados están anclados desde hace seis años por la falta de espacio. Un problema que se ha agudizado por el incremento de nuevos órganos judiciales (una sección de la Audiencia y tres juzgados especializados en laboral, penal y contencioso), y al que no se dará una respuesta en un plazo mínimo de dos o tres años, pues aún no se conoce cuándo saldrá a concurso el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En la actualidad, los juzgados de Elche están divididos en tres sedes, y en el edificio de la plaza de los Reyes Católicos se ubican en la planta semisótano, sin condiciones, algunos de los órgans judiciales donde trabajan una veintena de personas y por los que pasan cientos de ciudadanos cada año. En esta planta se encuentra la sección de la Audiencia, las oficinas de Fiscalía, los despachos forenses y parte de los archivos. Precisamente, el exceso de asuntos antiguos y la falta de espacio del almacén ha provocado que los huecos de una escalera interior del edificio se usen como improvisados archivadores. La creación de órganos judiciales ha obligado a utilizar unas antiguas dependencias del Ayuntamiento de Elche para dos juzgados que incumplen la normativa en materia de barreras arquitéctonicas al carecer de un ascensor para acceder a ellos. En estas dependencias no existe seguridad alguna, como tampoco en los juzgados de lo Social, donde los funcionarios han reiterado la falta de seguridad y los robos. (Informa Manuel Alarcón ).
Los juzgados de Torrevieja y Orihuela padecen los mismos problemas de falta de medios e inseguridad con el agravante de estar situados en zonas con un crecimiento demográfico espectacular que magnifica esos problemas. Las viejas dependencias judiciales de Orihuela están empapeladas con las reivindicaciones de los funcionarios, mientras que el Palacio de Justicia de Torrevieja, inaugurado en 1999, se quedó pequeño nada más comenzar su andadura y ya se prevé su ampliación. La Conselleria admite que el crecimiento en el número de casos y la acumulación de asuntos que pasan por esos juzgados de la comarca es el más grande de España. De hecho, en los últimos tres años la Administración autonómica y el Consejo General del Poder Judicial no han tenido más alternativa que instar a la creación de seis nuevos juzgados. Durante el ejercicio de 2001 en Torrevieja entraron 27.500 denuncias y asuntos penales y se resolvieron 31.000, frente a los 35.000 registrados en Orihuela por 37.000 resueltos, según los datos de Justicia. Sindicatos y usuarios critican los largos retrasos que provoca la ausencia de un juzgado de lo penal en Torrevieja. (Informa David Pamies )
El nuevo Palacio de Justicia de Dénia se inauguró al principio de la presente legislatura y, tras las palabras de las autorridades locales y de Eloy Velasco, un grupo de trabajadores se manifestó denunciando las carencias del centro. Poco más de dos años después, la falta de espacio y la nula vigilancia se han revelado como principales carencias de un centro que «hace agua». Ante la falta de medios y espacio, los expedientes judiciales se encuentran por encima de mesas y sillas y en el suelo. Además, al encontrarse los archivos completamente repletos, muchos de los expedientes se están almacenando en el sotano y cuando llueve con cierta intensidad -algo que ocurre en Dénia todos los años-, las bombas son incapaces de extraer el agua y acaba inundándose. Así ocurrió en el temporal de Pascua de este año y eso que no era la primera vez que pasaba. Otro problema grave que padece el Palacio y que ha sido denunciado reiteradamente por los funcionarios es la nula seguridad que existe en el edificio. Ninguna persona vigila las instalaciones y aunque hay cámaras instaladas, no hay nadie pendiente de ellas. (Informa César Monzonís ).
Las obras del Palacio de Justicia de Benidorm están agravando el abandono de las sedes judiciales de este municipio, donde, según denuncian los sindicatos, todo está en precario hasta que abran las nuevas instalaciones. Como ejemplo extremo, en los pasillos de los juzgados de lo penal, ubicados en la calle del Marqués de Comillas, cajas de cartón se han utilizado como mesitas en pasillos de atención al público en alguna ocasión.De todos modos, la sede judicial de Marqués de Comillas ha sido la más criticada por los sindicatos, que denuncian que los locales no cumplen con los mínimos de seguridad laboral: carecen de salidas de emergencia y la sala de vistas no tiene ventilación, según CC OO. El coordinador provincial del sector de Justicia de este sindicato, Carmelo Hernández, aseguró que de no ser por la presión sindical, en Benidorm algún juzgado habría acabado habilitado en un sótano. Es el caso de las dependencias del servicio común de notificaciones y embargos, que se han habilitado en una sala de muy reducidas dimensiones para atender al público, y en un sótano para las labores de clasificación y reparto, una sala sin ventilación que en un primer momento compartieron con el Colegio de Procuradores. Éstos se desplazaron a los juzgados de la calle de Finlandia ante su negativa a tener que trabajar en ese sótano. (Informa José A. Martínez ).
La situación de los juzgados de Alcoy ha sido motivo de constantes denuncias a causa de la falta de espacio y de condiciones del edificio del Palacio de Justicia. Aunque en diversas ocasiones se ha planteado la necesidad de construir un inmueble nuevo, los sucesivos gobiernos nunca han abordado el proyecto. La primera deficiencia que presenta este edificio es la falta de espacio, que hace que se acumulen los expedientes en unos archivos totalmente saturados y que se compliquen los trámites judiciales. Todos estos problemas se hacen especialmente patentes en el juzgado número 2, ubicado en un semisótano, y sobre el que existe un informe negativo del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, el Palacio de Justicia de Alcoy se encuentra en un descampado, relativamente lejos de zonas habitadas, lo que hace que presente problemas de seguridad. En cuanto al juzgado de Ibi , las condiciones son aún peores. Estas dependencias, ubicadas en los bajos de un edificio, presentan goteras y falta de espacio. El Ayuntamiento negocia con la Generalitat la construcción de una nueva sede que permita abordar con mayor dignidad las tareas judiciales. (Informa Javier Llopis )
Los juzgados de San Vicente son, según Pablo Cuéllar, dirigente del sindicato CC OO, «el paradigma de lo que no debe ser un juzgado, simplemente porque no tienen edificio, son cuatro plantas bajas de unos edificios con un patio interior». Los trabajadores de estas instalaciones critican la falta de seguridad de los mismos, «con cuatro puertas distintas y sin agentes ni aparatos de escáner cualquiera puede entrar libremente y cualquiera puede robar como ha ocurrido en Benidorm y en Elda». Los locales se encuentran además en una situación muy precaria con falta de higiene y suciedad, debido entre otras cosas a la falta de espacio. «Existen humedades, cucarachas y hasta ratas». Tanto es así que muchos funcionarios evitan ir al aseo y prefieren ir a otros aseos de los bares próximos, indica Cuéllar. (Informa Vicente López ).
De los juzgados del Alto y Medio Vinalopó, el de Novelda es el que presenta la situación más precaria por la histórica falta de personal y material que viene soportando desde hace años. El elevado volumen de trabajo diario al que se enfrentan sus trabajadores se refleja en uno de los índices de retraso en la tramitación de casos más alto de España. En los juzgados de Elda y Villena la principal deficiencia reside, sin embargo, en la falta de seguridad integral, una carencia que se quiere paliar a partir de 2003 con agentes de la Guardia Civil en la reserva. El Palacio de Justicia de Elda ha sufrido en los últimos años más de tres robos en el interior de sus instalaciones. En Villena el edificio judicial también necesita un mayor grado de seguridad y una renovación de sus vetustas dependencias. (Informa Pérez Gil ).
Se crean cuatro nuevos Juzgados en la Provincia de Alicante
REDACCIÓN INFORMACION 28 SEPTIEMBRE 2002 El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de cuatro juzgados más para la provincia de Alicante al figurar como una de las más inseguras y al ser incluida en las medidas del Plan contra la Delincuencia. Los órganos judiciales que se pondrán en marcha próximamente son el 8 de Instrucción de Alicante, el 3 de Novelda, el 6 de Dénia y el 3 de lo Penal de Elche. Además, se aprobó la creación de dos plazas más de fiscales para la Audiencia Provincial de Alicante. Los nuevos órganos judiciales para Alicante forman parte de los 45 en total que se aprobaron para otras provincias como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Cádiz, A Coruña, Lleida, Ciudad Real, Toledo o Girona, así como los cinturones urbanos de las grandes ciudades y 70 plazas para fiscales. El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que la puesta en marcha será inmediata y servirá para la implantación del sistema de juicios rápidos, que permitirá juzgar los delitos en un máximo de 15 días y las faltas en 72 horas. El Gobierno acordó remitir al CGPJ y al Consejo Fiscal el nuevo estatuto de del Ministerio Fiscal, que otorga a esta institución la función de proteger con más eficacia a las víctimas y crea la figura del fiscal delegado. El conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, destacó la creación de un registro nacional de casos judiciales sobre violencia doméstica del plan de choque autonómico contra los malos tratos para ampliar el servicio VIDA que la Generalitat puso en marcha el año pasado en la Comunidad, aunque sigue sin utilizarse. González Cepeda recalcó que, con la llegada de más juzgados, más jueces y más fiscales, «se cubren muchas de las demandas que la Generalitat y el Tribunal Superior habían solicitado al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para la futura generalización de los juicios rápidos».
Una avería en el juzgado de guardia obliga a tomar las declaraciones a mano Información 9 de Septiembre de 2.002
Una avería en el sistema informático obligó ayer al juzgado de guardia a tomar a mano la última declaración, según confirmaron fuentes próximas al caso. Los funcionarios tuvieron que tomar la declaración a mano porque el juzgado carece de máquina de escribir. El fallo, que no es la primera vez que se produce, ocurrió a las dos de la tarde. El juzgado no pudo encontrar a ningún técnico de la Conselleria para que solucionara la avería. El Palacio de Justicia de Alicante carece de un equipo de informáticos de guardia. Todos los ordenadores funcionan conectados a la red y cuando falla el sistema se bloquean los juzgados.
Los abogados reclaman a los jueces que acaben con las esperas en los juzgados El colectivo se queja de mala organización y pide al Tribunal Superior que adopte medidas para que los juicios se celebren con puntualidad MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Diario Información 1 de Agosto 2.002) El Colegio de Abogados de Alicante reclama a los jueces que adopten medidas para que los juicios se celebren con puntualidad y se ponga fin a las largas esperas que todos los días se repiten en los juzgados, según informó el decano de este colectivo, Mariano Caballero. Con este objetivo, en los próximos días el colegio profesional remitirá un escrito a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, en el que instan a sus responsables a que den instrucciones a los jueces para que acaben con esta problemática. Como argumento, los letrados alegan que se está vulnerando la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, donde se expresa el deber de asistir a los usuarios y a que se celebren los juicios con la máxima puntualidad. Para el decano de los abogados, «se trata de una norma de respeto elemental, aunque sabemos que los retrasos son a veces inevitables». Además, los profesionales de la abogacía alegan que el hecho de que se dicten normas o recomendaciones para paliar los retrasos en los pasillos «no afecta a la independencia judicial». Mariano Caballero aboga porque se ponga fin a prácticas usuales en los juzgados a la hora de señalar juicios, como que varias vistas se fijen a la misma hora y se comience por la que esté primero completa, en función de la llegada de las personas que estén citadas. Otra costumbre es señalar los juicios con tan sólo diez o quince minutos de diferencia, «tiempo en el que es imposible que se celebre un juicio, ya que a veces sólo con tomar los datos de la filiación ha transcurrido el plazo previsto entre uno y otro».Para Caballero, estas esperas que pueden prolongarse dos y tres horas provocan situaciones «incómodas» en los pasillos, además de incrementar el nivel de tensión de los que las sufren. Una consecuencia directa es que al prolongarse el retraso y aumentar el número de personas que esperan, un funcionario tenga que abandonar la sala para «reñir» a las personas por hablar en voz alta y pedirles que se callen, «no siempre con buenos modos, cuando tampoco nos correspondía seguramente estar ahí». Caballero estima que «aunque se produzcan tiempos muertos si hay suspensiones, es más lógico que los sufran los jueces, secretarios y el resto de la plantilla, que están en su puesto de trabajo y pueden seguir dedicándose a él, en vez de hacernos perder a los demás todo el día». Un tema más que preocupa al colectivo es que tras la reforma de la Ley Procesal Civil, «ahora nuestra presencia es física es imprescindible en las vistas, ya no podemos solucionarlo presentando un escrito y nuestro tiempo lo tenemos que aprovechar al máximo, sin tener que dejar pasar uno Civil por uno de faltas, que te lleva toda la mañana».Los abogados esperan que «los jueces hagan un esfuerzo en este sentido, ya que también hay muchos ejemplos de jueces que intentan ser puntuales». Sin embargo, hace meses el Colegio ya remitió sin éxito varios escritos dirigidos a los jueces decanos de los juzgados.
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Los jueces responden a los abogados que sus largos informes orales causan las esperas M. J. S. ( Diario Información 2-Agosto-02) Jueces consultados ayer por este diario han respondido al Colegio de Abogados de Alicante que las esperas que se producen en los pasillos de los juzgados las causan los letrados en muchas ocasiones por los largos informes orales que exponen en los juicios, a pesar de que el asunto que se esté juzgando «sea una simpleza». La respuesta se produce un día después de que el decano del colegio profesional, Mariano Caballero, anunciara su intención de remitir un escrito al Tribunal Superior de Justicia y al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, instándoles a adoptar medidas para evitar las largas esperas que sufren junto a sus clientes en los juzgados. El colegio critica hábitos como que se señalen varios juicios a la misma hora o con tan sólo unos minutos de diferencia, entre otras cuestiones. Magistrados del Palacio de Justicia de Benalúa estiman que la acción de Caballero se debe «a una pura estrategia electoral», ya que en octubre está previsto que el Colegio convoque elecciones para renovar los cargos de su junta de gobierno. Los jueces entienden que los letrados no deben interferir en su organización interna.El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, respondió con un comunicado donde expone que el exceso de juicios que se señalan es por la necesidad de evitar el colapso de los juzgados. Apunta que «sería absurdo pensar que existe otro interés, ya que el mayor número de señalamientos lo que produce es una mayor carga de trabajo para todos». Magro afirma que «el grado de compromiso de los jueces es total con los problemas que sufre el ciudadano». CC.OO.La queja de los abogados indignó también al sindicato CC.OO., que defendió la labor que realizan los agentes en los juzgados al intentar mantener el orden, tanto en los pasillos como en la sala. Para el sindicato, los abogados «quieren llevar también más asuntos de los que pueden y al igual que la Justicia, deben ampliar plantilla». Por otra parte, el secretario de Administraciones Públicas del PSPV-PSOE, Toni Such, instó al conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, a cumplir su compromiso de reordenar los juzgados en materia Civil y Penal, además de recordar que su partido reclama un estudio sobre esta cuestión.
La implantación de la videoconferencia en los procesos judiciales proporciona ventajas sociales
8/7/02 Alex Monjas Entrevista a D .Eloy Velasco (Director Gnal. Justicia Cdad.Valenciana) La utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales es un fenómeno que ha eclosionado este año en la Administración de Justicia española. Eloy Velasco, director general de Justicia de la Generalitat Valenciana comenta en esta entrevista a vLex cómo está resultando la implantación de esta nueva tecnología. Velasco participó en un acto organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña sobre la introducción de la videoconferencia en el proceso judicial. Todos los ponentes coincidieron en que se trata, sin lugar a dudas, de un importante avance dentro de la modernización de la Administración de Justicia, ya que contribuye a reforzar las garantías del ciudadano, propicia una justicia más ágil y, por tanto, más efectiva, y reduce los costes de desplazamiento y de seguridad. Sin embargo, la introducción de la videoconferencia también ha suscitado un interesante debate centrado en el ámbito de la seguridad y garantías jurídicas. En este sentido, y tal como quedó reflejado en la jornada organizada por la Administración catalana, el principal problema que ha de superar esta nueva tecnología es la fe judicial. -La utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales plantea, según los expertos, un problema a la hora de poder dar fe judicial. ¿Qué posibles soluciones se podrían aplicar? -La solución más sencilla consiste en que, como hay que dar fe judicial de lo que está ocurriendo tanto en el sitio receptor como emisor, situar un fedatario público en ambos extremos. El problema que puede comportar esta medida es cuando uno de los dos puntos se halle situado en el extranjero. Entonces habría que pensar en utilizar las fórmulas de garantía que tenga el país en donde se está realizando el acto receptor o bien poner un fedatario público nacional (que podría ser un cónsul o un embajador de España) en el sitio donde se está llevando a cabo esa diligencia en el extranjero y que nos garantice que el acto procesal se ha realizado de una manera limpia. -¿Las nuevas tecnologías, caso de la firma digital, podrían aportar algo en este sentido? -Además de la videoconferencia en sí, en cuanto a telecomunicación virtual de imagen y sonido entre dos puntos muy lejanos entre sí, los propios aparatos tienen otras aplicaciones tecnológicas que pueden tener mucha utilidad, como son, en primer lugar, el lector de documentos, que permite leer textos que se están generando o que se han generado en sitios muy distantes. En segundo lugar, podríamos aprovechar la figura de la firma electrónica, que ya está empezando a implantarse a través de las telecomunicaciones informáticas y ofimáticas, y que podría ayudar al secretario judicial o fedatario público a la hora de garantizar el proceso. Por último, como la videoconferencia ofrece la posibilidad de almacenamiento de la transmisión, se puede utilizar para poder recurrir en segunda o tercera instancia. -Se venían realizando pruebas piloto de utilización de la videoconferencia desde hace cuatro años, pero no ha sido hasta principios de 2002 que se ha comenzado a aplicar de una manera más generalizada. ¿Existe algún tipo de reticencia a la hora de su utilización? -Estas tecnologías surgen primero en otros campos. Los primeros que las aplican son las grandes empresas y multinacionales, ya que les permiten poder mantener encuentros sin necesidad de tenerse que desplazar. También en países donde las distancias son considerables, como Estados Unidos, han tenido mucho éxito, porque evitan esos desplazamientos. En el caso de la Administración de Justicia española, ha sido a raíz de la introducción de algunas novedades, como la grabación de juicios que trajo la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha decidido por dar el salto. Se ha producido un poco tarde, es cierto, pero yo creo que ya es imparable. Además, yo subrayaría que la aportación fundamental que comporta la utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la Justicia son las ventajas sociales, ya que va a posibilitar que los ciudadanos no tengan que pasar miedo a la hora de realizar una rueda de reconocimiento, que el policía no tenga que perder tiempo en desplazar presos a sedes judiciales para que intervengan en procesos, porque se va a poder realizar a distancia, o que un enfermo o un turista no tenga que desplazarse para venir a declarar en un juicio. Esto va a obligar a los políticos a que estas tecnologías tengan una aplicación mucho más cotidiana.
-Entonces, según usted, ¿las principales ventajas de la utilización de la videoconferencia en el campo de la Administración de Justicia serían de tipo social?
-Efectivamente, la razón principal por la que deberíamos aplicar estas tecnologías es para que el ciudadano vea ventajas sociales, como colaborar más con la Administración de Justicia. A veces, les pedimos a los ciudadanos que sean héroes y que nos cuenten una cosa peligrosa en la cara de la persona que se lo ha hecho, con todo lo que eso puede llegar a comportar. Esto provoca que haya gente que no quiera ir a los juicios. Así, yo creo que las nuevas tecnologías pueden simplificar y agilizar procesos, pero lo que es más importante, nos van a proporcionar tranquilidad. -A nivel europeo, países como Italia o Francia, tienen muy desarrollada la utilización de la videoconferencia. España, ¿en qué situación se encuentra respecto a Europa? -Italia es el país de la Unión Europea que más desarrollada tiene la utilización de la videoconferencia. España se podría situar en el segundo lugar, por el empuje de muchas Comunidades Autónomas que tenemos ahora transferidas las competencias en materia de Justicia y que estamos invirtiendo cantidades importantes de dinero. La Comunidad Valenciana ha empezado a aplicar la videoconferencia desde este año. Me consta que la comunidad catalana va a dotar a 17 sedes judiciales con este sistema antes de finales de año. Asimismo, desde Valencia hemos hecho exhortos con Murcia, Zaragoza y Madrid. El año 2002 pasará, entre otras cuestiones, a la historia por ser el momento en que las distintas Administraciones autonómicas coincidieron en decidir que era el momento de aplicar esta tecnología. La estamos aplicando en las grandes ciudades, también es verdad, por lo que su aplicación en los pequeños partidos judiciales todavía se va a demorar unos cuantos años. -¿Qué valoración hace de su aplicación en la Comunidad Valenciana? -Desde febrero, que es cuando comenzamos a aplicarla, hasta la fecha se han realizado 62 diligencias, de las cuales, 49 de ellas fueron el reconocimiento en rueda. Esto ha supuesto un gran avance en las investigaciones, ya que no se han tenido que realizar excarcelaciones y ha repercutido en una alta contribución ciudadana. En segundo lugar, se situarían las diligencias de declaración en juicio, principalmente con las Islas Baleares y con localidades más alejadas.
Ahora, los dos principales retos que tenemos en la Comunidad Valenciana con la aplicación de la videoconferencia en procesos judiciales son, en primer lugar, una conexión que vamos a realizar con la isla de Cerdeña en Italia para que tres testigos italianos declaren desde allí en un juicio por homicidio en Valencia. Es la primera experiencia en que se va a internacionalizar el uso de este instrumento.
En segundo lugar, queremos utilizar la videoconferencia en el juicio del motín de Fontcalent, en el que unos 20 reclusos se sublevaron y que acabó con la muerte de otro interno. Son reclusos muy peligrosos, están diseminados por varias cárceles de toda España y el juicio podría comportar ciertos riesgos si durante su duración se tuvieran que excarcelar al principio del día y devolver a prisión al final de la jornada a tantos reclusos. -¿El éxito de la implantación de la videoconferencia en la Comunidad Valenciana depende del resultado de estos dos retos que usted ha comentado? -No, yo creo que el éxito depende de su utilización. Para mí, 62 diligencias en tres meses y medio de aplicación de la videoconferencia es todo un éxito. Lo que pasa es que la repercusión social va a ser mucho mayor, por ejemplo, en el caso de Fontcalent, por el número de personas implicadas. Pero yo creo que para cada afectado, su juicio es el más importante y si podemos evitarle situaciones violentas, desplazamientos y le ofrecemos tranquilidad, ganamos en rentabilidad social. -Para concluir, hay algunos expertos en Derecho que son reticentes a que la aplicación de la videoconferencia derive en lo que ellos denominan “juicios virtuales”. Esto es, que las partes y hasta el juez puedan encontrarse en sitios diferentes. ¿Esto no sería desaprovechar las posibilidades que ofrece el medio?
-No es bueno ser radical ni a favor ni en contra de su utilización. Yo pongo el ejemplo de la eliminación de España en el mundial de fútbol. Todos vimos cómo perdió, en un partido disputado a miles de kilómetros y jugado con una importante diferencia horaria y no había ningún fedatario público en Corea para certificar lo que ocurrió. Yo no sé qué día podrá ser verdad que a través de Internet, o con las tecnologías que ya empieza a haber en materia de telecomunicaciones, podremos evitar perder el tiempo en desplazamientos y colaborar con la Administración de Justicia. Hace siete años nadie se imaginaba el grado de implantación en la sociedad que iba a tener la telefonía móvil o las retransmisiones televisivas vía satélite, y hoy están a la orden del día. Decir que no vamos a utilizar una tecnología de aquí a un tiempo porque parece una situación extraída de una novela de George Orwell es ser un poco aventurado. Quizás sí que llegue el día en que podamos hacer los juicios desde casa y no será malo.
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Vicente del Raspeig ha propuesto el cese de una funcionaria por falta de rendimiento, según informó el delegado sindical de CC OO Pablo Cuéllar. La juez justifica la petición en «la manifiesta incapacidad de la interina para desempeñar su trabajo debido al desconocimiento absoluto de la actividad judicial e incluso de las nociones mecanográficas o informáticas imprescindibles». CC OO considera que la decisión es un atropello porque la magistrada se convierte «en empresaria» y se extralimita en sus funciones cuando la funcionaria ya ha superado todas las cribas de la Conselleria de Justicia para acceder a la bolsa de trabajo. Legalmente la juez puede proponer el cese de un funcionario por bajo rendimiento. La titular del juzgado incide en su propuesta de cese en que la interina se limita a «citar testigos para juicios y poco más. Respecto a los asuntos civiles antiguos no provee escritos porque desconoce la tramitación» ... «transcurrida la jornada nos preguntamos qué ha hecho la funcionaria durante toda la mañana, en la que ciertamente permanece sentada en su mesa». Pablo Cuéllar tildó de lamentable la decisión de la juez, que el sindicato ya ha recurrido, porque «proponen cesarla por unas funciones que no tiene asignadas. En el juzgado no le han impartido ningún tipo de curso. No se puede exigir a una persona haber nacido enseñada». Cuéllar insistió en que la funcionaria «proviene de la bolsa de trabajo. Para acceder ha acreditado los méritos del trabajo para la que fue propuesta. No entendemos el interés de la juez de examinar la capacidad de la interina para ser auxiliar de Justicia». La titular del juzgado asegura que no cuestiona «el cumplimiento del horario laboral y el empeño subjetivo para superar sus dificultades, pero desde luego el rendimiento y la eficacia del trabajo que realiza es nulo». El delegado sindical de CC OO manifestó que la funcionaria «aceptó trabajar como auxiliar de un juzgado. Nadie le dijo que tenía que desempeñar funciones de juez». Pablo Cuéllar criticó la normativa de la Conselleria que permite que un juez proponga el cese de un funcionario por bajo rendimiento. «Esta situación revela el interés de la Dirección General de Justicia en precarizar el empleo de los funcionarios interinos sometiéndoles a una amenaza de cese indiscriminado para fomentar actitudes clientelistas», indicó Cuéllar.
Los juicios con videoconferencia proliferarán tras el éxito del primero Juan Miguel Carreras, presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, aseguró ayer que habrá nuevas conexiones en los próximos meses hasta que este sistema sea «habitual» [PATRICIA CORRAL - DIARIO DE BURGOS DIGITAL- ].
La Audiencia Provincial de Burgos estrenó ayer con éxito el sistema de videoconferencia, que se convertirá en un «mecanismo habitual» para próximos juicios. Juan Miguel Carreras aseguró que ya ha firmado resoluciones en las que se contempla su empleo para vistas fijadas en los meses de junio, julio y septiembre.
A las 12 en punto, el presidente de la Audiencia de Madrid deseaba mucha suerte a su colega de Burgos a través de una pantalla instalada en la sala de juntas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Junto a él se encontraba la perito María del Mar Leiva, dispuesta para emitir su informe pericial junto a un secretario judicial que certificó su identidad. En pocos minutos se dio por zanjada una prueba que con los métodos tradicionales hubiera supuesto el pago en tiempo y dinero del desplazamiento de Madrid a Burgos la noche antes y la estancia en Burgos de esa persona. Carreras quiso destacar también la «total colaboración de las partes», la fiscal y el abogado defensor de José A.S., en la puesta en marcha de este método por primera vez en Castilla y León. En poco más de dos horas, el juicio por tráfico de drogas quedó visto para sentencia. La fiscal solicitó cinco años de presión y una multa de 12.530 euros. Por su parte, el letrado de la defensa pidió la absolución al mantener su cliente que los 196 gramos de heroína con los que viajaba hacia Aranda eran para consumo propio y que no se probó su destino para el tráfico, al no hallarle tampoco útiles habituales para la venta (balanzas, instrumentos de corte). =============================================================================
El TSJ pide que agentes en segunda actividad vigilen los juzgados El Tribunal Superior alega que la inseguridad es uno de los problemas más graves y pide al Poder Judicial que inste la reforma INFORMACION 11 MAYO 2002 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha planteado al Ministerio de Interior que los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que pasen a segunda actividad puedan ser destinados a custodiar y vigilar los edificios judiciales. La propuesta figura en la última memoria anual del TSJ, donde consta que se ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sea este órgano el que inste a la reforma. La segunda actividad está establecida para los agentes después de años de servicios como patrullar las calles y se les permite desempeñar tareas que no requieran un alto nivel de esfuerzo físico. En el documento se expone que el problema de la seguridad en los edificios judiciales es uno de los más graves que existen en la actualidad, ya que se registran con frecuencia incidentes violentos y con riesgo para el plantilla.
El TSJ señala que «se hace patente una exigencia de solución global desde las altas instituciones del Estado» y recuerda que la sala de gobierno de este tribunal lo reclamó en su día «a través de la oportuna petición al Consejo General del Poder Judicial».
Como posible solución plantea que una «redefinición» del concepto de segunda actividad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, la cual pudiera permitir un destino en los juzgados. También se deja constancia que «a lo largo de todo el año pasado» se demandó a la Conselleria de Justicia que arbitrara un plan integral de mejora de la seguridad de las sedes judiciales, «comprensivo de los medios materiales y recursos necesarios, de todo tipo, para su efectividad». Sin embargo, afirma que aunque parece que dicho plan ya ha sido elaborado, «hasta el momento no se ha llevado a la práctica, ignorándose las razones que lo obstaculizan». Además, se recuerda que la inseguridad en los edificios judiciales se abordó en el marco de la comisión mixta donde está integrada la Generalitat. Excepto en los centros judiciales de las ciudades más importantes donde hay vigilancia privada, «con una clara limitación de los medios de control», y de la existencia de algún partido judicial con presencia de Policía Local cedida por ayuntamientos, lo habitual es «la carencia más absoluta de medidas de seguridad».
La Fiscalía rectifica y ve viables ahora los juicios porvideoconferencia, según el Consell LA VERDAD, 1 Marzo 2.002 El director general de Justicia de la Generalitat, Eloy Velasco, reveló ayer que la Fiscalía General del Estado elabora una nueva instrucción sobre el uso de la videoconferencia en los juzgados que resulta «muy proclive» a ampliar la utilización de este nuevo sistema tecnológico. Velasco comentó que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le comunicó hace unos días en una entrevista personal que actualmente elabora una instrucción que amplía los casos de uso de la videoconferencia a algunos procesos judiciales.
Al término de una reunión con el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, Velasco opinó que existen diligencias procesales, como ruedas de reconocimiento, tomas de declaración o cooperaciones judiciales con juzgados internacionales, que pueden ser susceptibles de contemplar este instrumento.
Velasco agregó que las reticencias mostradas en días anteriores por la Fiscalía General respondían, según él, a una consulta muy concreta que procedía de Palma de Mallorca. Al amparo de estas manifestaciones, el presidente de la Audiencia Provincial insistió en que el juicio por el motín de Fontcalent, con 22 acusados, reúne todas las condiciones para celebrarse por videoconferencia. Recalcó que se adoptarán todas las medidas necesarias para respetar las garantías de los procesados. Un secretario judicial daré fe de todo el procedimiento, según señaló. El conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, ya defendió hace una semana la instalación de sistemas de videoconferencia en órganos judiciales y aseguró que aunque sólo sea para celebrar ruedas de reconocimiento «la iniciativa del Gobierno valenciano está más que justificada».
Fiscales españoles se oponen a los juicios por videoconferencia. La Fiscalía General del Estado ha remitido una instrucción en la que insta a todos los miembros de la carrera fiscal a oponerse a la celebracion de juicios penales a través de videoconferencia, por estimar que no cumplen con las exigencias de un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.2 de la Constitución Española.
IBLNEWS ( Martes 26 Febrero 2.002) Lunes, 18 febrero 2002
Justifica esta orden en el conocimiento de que en algún Tribunal Superior de Justicia, en concreto en el de Baleares, ya se están celebrando juicios orales en materia penal a través de este nuevo sistema tecnológico, que permite que elacusado no se encuentre físicamente ante el tribunal. Esta instrucción fue aprobada por la Junta de Fiscales de Sala al recibir una consulta de la Fiscalía de Baleares. Según la Fiscalía General, los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicicón se ven "sin duda" afectados por la celebración del juicio mediante videocoferencia. Juicios inéditos en la Unión Europea Añade que con la actual normativa tampoco se cumplen las exigencias de "calidad de ley" que exige el Tribunal Europeo de Derechos humanos, a lo que hay que sumar que la posibilidad de celebrar estos juicios no se encuentra prevista en ningún país de la UE. "En ningún caso una mera decisión judicial pude suplir la exigencia de cobertura legal prevista en nuestro texto constitucional", indica. En concreto, la Fiscalía General entiende que en una videoconferencia la inmediación sólo puede entenderse cumplida si se acepta la equivalencia entre presencia "virtual" y física, y la contradicción de los testimonios y pruebas "tendrá más contenido cuanto más perfeccionado se encuentre el sistema de transmisión de imágenes: no es lo mismo una sólo cámara fija que varias desde ángulos diversos".
Excepciones En el escrito remitido el lunes 18, la Fiscalía General deja aparte dos supuestos excepcionales en los que sí puede darse con garantías el uso de videoconferencia, como es en el caso de juicios con menores de edad, en los que este medio evita confrontaciones innecesarias, y la audición de testigos y peritos entre países de la UE. Aunque el uso de medios informáticos y telemáticos está previsto en en el artículo 230.1 de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Fiscalía considera que esta disposicion es insuficiente para dotar de cobertura legal a estos supuestos, si bien "de ello no debe derivarse la necesida de que se trate de una ley orgánica la que otorque cobertura legal a supuestos como el que nos ocupa. Finalmente, destaca que todo lo dicho no significa que en el futuro ya a a resultar imposible la celebracion de juicios orales por medios cibernéticos, "pero ello supondrá en todo caso la existencia de una norma legal que otorgue la necesaria cobertura al sistema y que prevea las garantías mínimas exigibles".
Cardenal ordena a los fiscales que no asistan a los juicios por videoconferencia
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( INFORMACION) 19 Febrero 2002
LA VERDAD DIGITAL ( 19 Febrero 2.002)
El fiscal general del Estado ordena a la Fiscalía que no se tome declaración por videoconferencia
El Ministerio Público considera que el sistema no está previsto en la ley ni garantiza principios procesales fundamentales
F.N.C. Cuando todavía no se ha celebrado en la provincia el primer juicio por videoconferencia, sistema instaurado el pasado 6 de febrero en el partido judicial de Alicante, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha dado instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante para que no celebre ningún juicio en el que se utilice este sistema de declaraciones. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, confirmó que los fiscales se opondrán a los juicios por videoconferencias y argumentó la decisión de sus superiores en que, por un lado, esta modalidad no está prevista en la legislación española y, por otro lado, las videoconferencias no garantizan principios fundamentales para la celebración de un juicio, entre los que citó los de la oralidad, inmediatez, contradicción y publicidad.
La instauración de la posibilidad de celebrar juicios, declaraciones y ruedas de reconocimiento por videoconferencias había sido acogida con satisfacción por jueces, secretarios judiciales y funcionarios de la provincia por suponer ventajas a la hora de celebrar muchos juicios y declaraciones, entre ellas la de no tener que trasladar al declarantes desde la cárcel. Sin embargo, el primer intento de aplicar en la provincia la videoconferencia falló la semana pasada, cuando el Juzgado de Instrucción Número Tres de Alicante suspendió la declaración a un preso de Fontcalent, perjudicado en el accidente de tráfico que se enjuiciaba, porque se desconocía cómo debía firmar la declaración prestada.
Más allá de los problemas técnicos, los fiscales se van a oponer a la celebración de los juicios por videoconferencia, tal y como anunció ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Romero. «Dada la actual legislación española, la opinión de la Fiscalía es que no se pueden celebrar juicios por videoconferencia porque no está permitido por la legislación», dijo ayer el fiscal jefe, que añadió que este sistema de comunicación no garantiza los principios fundamentales de oralidad, inmediatez, contradicción y publicidad que exige todo proceso judicial.
Uno de los principales valedores de la aplicación de las videoconferencias, el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, sostiene que «en modo alguno existe vulneración de los principios procesales si se introduce la videoconferencia para la declaración de los testigos, peritos o de los propios acusados desde el establecimiento penitenciario», tal y como cita Magro en un artículo publicado el pasado 7 de febrero en Actualidad Jurídica Aranzadi. Según este texto, con las videoconferencias «existirán mayores garantías en la celebración del juicio, más seguridad en casos delicados y peligrosos con riesgos de fugas y menor dedicación al traslado de presos en los que invierten muchas horas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
Magro entiende, al contrario que la Fiscalía, que la videoconferencia no vulnera ningún principio, al haber un secretario judicial que da fe del acto en la sala de juicio y otro en el lugar donde por videoconferencia declara el interesado, lo que, según él, garantiza la oralidad e inmediatez del acto, al ser el juicio en tiempo real, y no vulnera la contradicción, al poder ser interrogado como si estuviera presente, ni la publicidad del acto.
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La Audiencia desoye a Cardenal y señala el videojuicio por el motín de Fontcalent MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Informacion 21 Febrero 2.002)
El magistrado Vicente Magro estima que la orden del fiscal general está desfasada y que la legislación respalda la aplicación de nuevas tecnologías La Audiencia Provincial de Alicante anunció ayer su decisión de señalar para el próximo mes de julio el juicio por el motín que se registró en la prisión de Fontcalent en el año 90 mediante videoconferencia, sin tener en cuenta las órdenes trasmitidas por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de requerir a los fiscales que se opongan a la celebración de estas vistas virtuales y excusen su asistencia. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que las instrucciones de la Fiscalía General «no son vinculantes con las decisiones de los tribunales» y alegó que se ha contado con el asesoramiento de expertos jurídicos «para avalar la legalidad de la celebración del juicio». Magro apuntó que «nuestra intención no es enfrentarnos con la Fiscalía General, pero no podemos esperar a que se produzca una reforma de la legislación para señalar el juicio, porque el retraso será de varios años».La decisión de la Audiencia se produce dos días después de que la Fiscalía recibiera una instrucción del fiscal general en la que se indica que el ministerio público no debe asistir a los juicios que se celebren por videoconferencia, al estimar que no reunen las garantías procesales que se requieren. La orden, sin embargo, ha sido cuestionada por los fiscales, que han solicitado nuevas instrucciones para saber qué criterio aplicar en el caso del motín de Fontcalent, al entender que se trata de un juicio «excepcional».Precisamente, la aplicación del sistema de videoconferencia se planteó como solución para que se pueda celebrar el juicio, por la problemática de inseguridad que provoca el hecho de reunir en una misma sala y en la misma prisión a la veintena de procesados, los cuales están calificados como muy peligrosos. El uso de este método cuenta con el respaldo político del conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, quien presentó hace dos semanas su puesta en marcha, el cual se está usando en periodo de prueba en los juzgados de Instrucción. El magistrado señaló que el uso de la videoconferencia está avalado por el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual contempla la aplicación de nuevas tecnologías. También citó el artículo cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la grabación en vídeo de los juicios, mientras que esta legislación se entiende como «supletoria» de la legislación Penal. Además, se ha requerido el respaldo del Tribunal Supremo, que ayer remitió una sentencia que considera que la aplicación de nuevas tecnologías «no constituye irregularidad alguna». Esta resolución detalla un recurso que se amparó en otra instrucción del fiscal general, la cual consideraba que el uso de un fax en una investigación pudo vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. El Supremo entiende que «ha de recordarse que estas circulares, pese al respeto que merecen por su elevada calidad técnica, no tienen la consideración de norma de obligado cumplimiento para los tribunales». Magro calificó la instrucción de «desfasada», ya que en la actualidad otros tribunales, como en Baleares, han recurrido a la videoconferencia. También se ha señalado por este medio el referente a la tragedia del lago Banyoles en Gerona, donde la mayoría de perjudicados viven en el extranjero.
El fiscal de accidentes laborales propone aplicar los juicios rápidos y crear juzgados especiales.
Solicita a la Fiscalía General dos profesionales más dedicados al sector en exclusiva.
F.N.C. La Verdad 21 Febrero 2.002
El fiscal especial de siniestralidad laboral y teniente de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, Miguel Gutiérrez Carbonell, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la aplicación de juicios rápidos para los casos de accidentes laborales, la creación de juzgados especiales para delitos contra los derechos de los trabajadores, la dedicación en exclusiva de dos fiscales más para esta sección y la creación del «fiscal del caso», para que el profesional que conoce la instrucción de un accidente laboral siga su tramitación judicial hasta el juicio oral. Con ello, según la memoria del 2001 presentada por Gutiérrez, se pretende agilizar unos procesos que se alargan entre tres y cinco años.
Miguel Gutiérrez ha aprovechado la memoria del 2001 de actuaciones fiscales en materia de siniestralidad laboral en la provincia para realizar varias propuestas de calado al fiscal general del Estado. Destaca entre ellas la petición de aplicación de los juicios rápidos para los casos de accidentes laborales.
Tras elogiar la aplicación de los juicios rápidos a la delincuencia menor porque «afecta a la seguridad ciudadana», Gutiérrez pregunta «por qué tal rapidez no se aplica también a los accidentes laborales, pues hay en juego otra seguridad tan valiosa: la vida, la integridad y la salud de los trabajadores».
Gutiérrez calcula que «la media de duración de un juicio por accidente laboral viene a ser de tres a cinco años; en muchos casos lo rebasa». Aunque no desconoce que «la complejidad y las numerosas partes intervinientes son factores que propician su larga duración», considera «excesiva e injusta» la media actual, por lo que propone arbitrar «remedios correctores para conseguir la agilización».
Entre esos remedios, Gutiérrez propone también que se estudie la conveniencia de crear «juzgados especiales para delitos contra los derechos de los trabajadores», competencia que corresponde al Consejo General del Poder Judicial; la especialización y formación de jueces y fiscales en este ámbito; la creación del fiscal del caso, que llevaría el mismo asunto desde el principio hasta el final; la creación de dos fiscales y un tercero que los coordine trabajando estos temas en exclusividad; y la confección de un protocolo de actuación de los fiscales para siniestros laborales. El fiscal de siniestralidad laboral también propone la creación de una sección en los cuerpos de seguridad del Estado especializada en siniestros laborales que puedan atender de forma inmediata los accidentes y aportar un primer atestado antes de que se oculten las posibles deficiencias que lo causaron, una inmediatez que no siempre pueden aportar los inspectores de Trabajo.
Además, Gutiérrez propone que se realice un estudio pormenorizado sobre si los arquitectos superiores y técnicos (aparejadores) pueden ser sujetos activos de los delitos de siniestralidad laboral en los casos en que no faciliten los medios para la seguridad del trabajador.
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes CARMEN REMIREZ DE GANUZA EL MUNDO 30. NOV. 2001 MADRID.
Desde el uno de diciembre y durante los siete próximos meses, buena parte de los juzgados de lo civil abrirán al público por las tardes. Esta será una de la consecuencias prácticas del plan de emergencia emprendido por el Consejo General del Poder Judicial, en cooperación con el Ministerio de Justicia y las consejerías de las comunicdades autónomas, para desatascar los juzgados y suprimir las bolsas de asuntos pendientes. Se trata sólo de la primera fase de planes sucesivos que tratarán, igualmente, de paliar los retrasos en otras jurisdicciones.
El plan incluye retribuciones especiales para los jueces que voluntariamente se han ofrecido a acogerse a él, lo que ha causuado reticencias por parte de los magistrados que llevan al día sus respectivos juzgados. «Las susceptibilidades dicen los vocales de la mayoría del Consejo son atendibles, pero en menor grado que el interés de los ciudadanos».
La Generalitat desea implantar el horario de tarde en los juzgados de la provincia con más trabajo pendiente.
J. L. MORALES ( LA VERDAD DIGITAL Octubre 2001) La Generalitat, a través de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, quiere implantar a partir de enero el turno de tarde en los juzgados con mayor volumen de competencias y trabajo. Así lo ha propuesto el director general de Justicia, Eloy Velasco, en el transcurso de una reunión mantenida ayer con el ministerio correspondiente. La apertura por la tarde no afectará a todos los juzgados, sino a aquellos con circunstancias especiales. La previsión de Justicia es la de abrir juzgados de las tres capitales de provincia, así como los de Dénia, Benidorm, Torrevieja y previsiblemente Calpe y Altea. Con la medida, según el responsable de Justicia, «se pretende dar un paso más en la creación un modelo judicial valenciano, y mejorar el servicio a los ciudadanos con un horario de trabajo más amplio y abierto a todas las posibilidades». Para materializar la apertura por las tardes de determinados juzgados, que serán los primeros de España en realizar servicios vespertinos, desde la administración autonómica se van a poner en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para consensuar el horario y las condiciones del nuevo servicio. Los jueces que presten este servicio vespertino recibirán un complemento especial. Intercambio de expedientes Por otra parte, la Generalitat actuó ayer de mediadora entre la Justicia británica y la Audiencia Provincial de Alicante para facilitar el cumplimiento de las comisiones rogatorias pendientes en la provincia y que permitirán el traslado de expedientes judiciales.
El TSJ dice que la celebración de juicios por las tardes es competencia del juez. Levante de Castelló, Castelló (Octubre 2.001) La Sala de Gobierno matiza la propuesta de la Generalitat de ampliar la jornada laboral. La solución al retraso judicial pasa por la creación de órganos para absorber la demanda.
El Tribunal Superior de Justicia dejó ayer claro que la competencia para realizar juicios por las tardes depende de cada juez y que la solución a los retrasos judiciales pasa por la creación de nuevos órganos. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) remitió ayer un comunicado de prensa en el que puntualizó la propuesta de la Generalitat Valenciana de impulsar un plan para que algunos juzgados habiliten una tarde a la semana para la celebración de juicios. El objetivo, según informó el conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, «es agilizar la aplicación de la Justicia en nuestra comunidad». El TSJ comparte esa misma inquietud «en orden al perfeccionamiento de la Administración de Justicia», según señala el comunicado, pero matiza que la competencia para habilitar una tarde a la semana para celebrar juicios, «de acuerdo con las leyes procesales corresponde exclusivamente a cada juez y, en ningún caso a la conselleria de Justicia, siendo deber de este departamento del Gobierno Valenciano prestar la asistencia de medios personales y materiales». El comunicado añade que «es notorio que la distribución de actividad judicial conlleva necesariamente el estudio de los asuntos y la redacción de las resoluciones judiciales, fundamentalmente por la tarde e, incluso, en horas nocturnas y días festivos». Además, «la Sala de Gobierno, consciente del esfuerzo que se está realizando por jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana en aras de lograr la mayor eficacia de la Administración de Justicia, considera que, cumplidos los estándares judiciales fijados por el Consejo General del Poder Judicial, la sobrecarga extraordinaria que se propone sólo podría ser atendida en detrimento del estudio razonado que exige la actividad judicial, con la negativa repercusión para los justiciables». Añade el comunicado que «la solución de los retrasos de la Administración de Justicia pasa necesariamente por la creación de órganos judiciales suficientes para absorber la demanda que la sociedad plantea». Por su parte, el conseller manifestó ayer que con su propuesta de facilitar la celebración de juicios por las tardes «se demuestra la prioridad que el gobierno valenciano da a la aplicación de un modelo judicial valenciano que acerque la Justicia a los ciudadanos». Cabe apuntar que hasta el decanato de los juzgados de Castelló no ha llegado ninguna propuesta, ni del ministerio, ni de la conselleria, de ampliación del horario laboral.
La UGT duda que sea eficaz abrir los juzgados por las tardes. LAS PROVINCIAS.- REDACCIÓN (VALENCIA) Noviembre 2001 La UGT, a través de la secretaría de Administración Central y Justicia de la FSP, ha emitido un comunicado en el que se analiza el anuncio del conseller de Justicia, González Cepeda, de abrir los Juzgados por las tardes. "Ésta expresión -comenta UGT- más parece que hablara de un hipermercado e induce al error de pensar que cuando más amplio sea el horario para acceder a los Juzgados, más eficaz será la Justicia. Una idea que demuestra la demagogia del conseller Cepeda, pensando quizás que le van a aplaudir, pero que está totalmente alejada de la realidad''. Servicio eficaz Continua diciendo el sindicato ugetista que "si lo que de verdad le preocupa es la eficacia del servicio, ha de preocuparse de las vicitudes que tiene que pasar el ciudadano para poner un pie en los juzgados. Mucho nos temenos que van a atender igual de mal por la mañana que por la tarde''. La UGT entiende que la clave está en el número idóneo de Juzgados y Salas para poder asumir el volumen de asuntos que existen, "pero para ello se necesitan unos medios que el conseller Cepeda no está dispuesto a poner. Por eso, mientras tanto, para entretener que es lo que viene haciendo habitualmente nos obsequia con estas simplezas a las que no cabe sino contestar. "Póngase a trabajar señor conseller, por la mañana o por la tarde, pero póngase a trabajar y deje de marear'', explican. Mesa sectorial Finalmente, la UGT critica duramente las declaraciones de Cepeda recalcando que "el conseller no dice estas cosas donde las tiene que decir, sino sólo ante la prensa. Por ello la FSP de UGT le ha exigido la convocatoria de la Mesa Sectorial de Justicia para que nos diga si era un comentario a los periodistas o es que de verdad está dispuesto a poner los medios para mejorar la Administración de Justicia''.
El Tribunal Superior pide al CGPJ que frene la oferta de abrir los juzgados por las tardes. EFE ( 22 Nov.2001) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha pedido al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que paralice «la oferta de prolongación de jornada realizada a algunos jueces de Alicante, Castellón y Valencia», ya que la iniciativa «ha generado inquietud entre la judicatura valenciana». En un escrito dirigido al máximo órgano de los jueces, los miembros de Sala de Gobierno del TSJ indican, además de recordar que la oferta sin hizo sin conocimiento del alto tribunal valenciano, que no conocen «los criterios de tal decisión» y quieren «hacer patente a ese Consejo la preocupación que ha originado dicho sistema». Destacan además que ese sistema «viene a reiterar el abono por incentivos ya aplicado con anterioridad a determinados órganos colegiados». La Sala de Gobierno «insta del CGPJ la paralización de la propuesta realizada, y la eliminación de cualquier incentivo por sobrecarga de trabajo». La Sala «se muestra convencida de que la solución a los retrasos pasa necesariamente por la creación de los órganos judiciales suficientes para absorber la demanda que la sociedad plantea». El TSJ destaca el «esfuerzo que se está realizando por los jueces y magistrados en aras a lograr la mayor eficacia de la Administración de Justicia». Considera que, cumplidos los estándares judiciales fijados por el CGPJ, «toda sobrecarga extraordinaria que se instaure sólo puede ser solventada en detrimento del estudio razonado que exige la actividad judicial, con la negativa repercusión para los justiciables».
Los abogados y procuradores rechazan que los juzgados celebren juicios de tarde
La Provincia -Diario de las Palmas- 27 Nov. 2001 Los colegios profesionales de abogados y procuradores de Las Palmas expresaron ayer su rechazo al plan de una Justicia ágil para Canarias que pretende impulsar la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Los decanos de ambos colectivos incidieron en que la apertura de los juzgados por la tarde, la medida más llamativa del plan y la que ha suscitado una mayor polémica, no solucionará los retrasos de la Justicia. Abogados y procuradores piden más juzgados o, en su defecto, más jueces, para poder agilizar el funcionamiento de la administración, y se preguntan como podrá el juez emitir más sentencias si por las tardes se encuentra celebrando los juicios. El decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa Boissier, se manifestó “totalmente en contra” de la apertura en horario vespertino de hasta 27 órganos de la Jurisdicción Civil. Los de otros tantos jueces propuestos por el Consejo General del Poder Judicial para cobrar más por el aumento de sentencias emitidas. “No estamos en contra”, expresó el decano, “de que los juzgados trabajen por la tarde para adelantar trabajo, que es otra cosa bien distinta [el Gobierno sostiene que sólo los jueces podrán decidir si celebran o no vistas, pero que, en cualquier caso, la administración autonómica aportarán a los funcionarios que acepten la medida], pero si los jueces están en juicio por la mañana y por la tarde no tendrán tiempo para dictar sentencias”. Tiempo para los clientes. Espinosa señaló que “igualmente los abogados tampoco tendrán tiempo para atender a sus clientes si tienen que estar mañana y tarde en el juzgado. Creo que esto no arregla nada, y que son justo más juzgados lo que hacen falta. Una cosa es que se celebren juicios de tarde de forma excepcional, y otra, que esto sea habitual. ¿Cuando trabajamos entonces»” En una línea similar se manifestó desde el Colegio de Procuradores su responsable, Manuel Texeira, quien, además de expresar sus dudas sobre la efectiva puesta en funcionamiento de la medida y resaltar que ésta “no cuenta con el apoyo de ninguno de los estamentos jurídicos”, se mostró más partidario de “dotar debidamente a cada juzgado. Si en cada uno de ellos figuraran dos o tres jueces para dictar más sentencias se agilizaría la administración”. Texeira confesó que “dudo mucho de la eficacia de esta acción”, y manifestó que “a los procuradores, como a los demás profesionales relacionados con la administración de Justicia, la apertura de los juzgados por la tarde nos supondría una rémora. Es algo con lo que no se obtendrá una mayor eficacia”. Los colegios de abogados y procuradores, en definitiva, se sumaron a lo ya expresado días atrás desde las tres asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia), la Asociación de Fiscales y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra la acción del Gobierno regional. Por lo pronto, los primeros pasos del Ejecutivo se han orientado hacia un acuerdo con los funcionarios que están bajo su responsabilidad, esto es, el personal auxiliar de Justicia. Gobierno y trabajadores abordarán esta semana un encuentro en el que se dilucidará su predisposición a trabajar por las tardes.
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes CARMEN REMIREZ DE GANUZA ( EL MUNDO) 30.11.01 MADRID. Desde el uno de diciembre y durante los siete próximos meses, buena parte de los juzgados de lo civil abrirán al público por las tardes. Esta será una de la consecuencias prácticas del plan de emergencia emprendido por el Consejo General del Poder Judicial, en cooperación con el Ministerio de Justicia y las consejerías de las comunicdades autónomas, para desatascar los juzgados y suprimir las bolsas de asuntos pendientes. Se trata sólo de la primera fase de planes sucesivos que tratarán, igualmente, de paliar los retrasos en otras jurisdicciones. El plan incluye retribuciones especiales para los jueces que voluntariamente se han ofrecido a acogerse a él, lo que ha causuado reticencias por parte de los magistrados que llevan al día sus respectivos juzgados. «Las susceptibilidades dicen los vocales de la mayoría del Consejo son atendibles, pero en menor grado que el interés de los ciudadanos».
La Generalitat Valenciana pagará 35.000 pesetas más a los funcionarios que trabajen por las tardes Diario de Noticias 10/12/01
Valencia. La Generalitat Valenciana pagará 35.000 pesetas mensuales más a aquellos funcionarios que se acojan durante el primer semestre del 2002 al Plan de Productividad que la Dirección General de Justicia va a poner en marcha para "facilitar" el trabajo de los jueces que se han acogido al complemento de productividad diseñado por el CGPJ y el Ministerio de Justicia para agilizar el trabajo de los juzgados de primera instancia, según informaron fuentes del Consell. El director general de Justicia, Eloy Velasco, indicó el pasado 5 de diciembre que la oferta de complemento de productividad consiste en trabajar tres horas adicionales durante cuatro tardes a la semana, con un mínimo de tres funcionarios de cada uno de los 44 juzgados de los Civil que se han acogido al plan, informó E.P. Además, Velasco anunció que este mes saldrán a concurso "las 401 plazas vacantes de los juzgados de la Comunidad, con lo la Generalitat Valenciana será la primera en toda España en terminar con la temporalidad en la Administración de la Justicia". Además, añadió que "esta iniciativa, que forma parte del acuerdo global suscrito con los sindicatos el pasado mes de julio, y contribuirá, sin duda, a conseguir la estabilidad de empleo en los juzgados valencianos que requiere la prestación de este servicio". Por otro lado, los juzgados y la fiscalía de Menores de las tres provincias de la Comunidad Valenciana contarán a partir de este mes con 15 funcionarios más lo que, para Velasco, "supone una garantía más de la correcta aplicación de la Ley del Menor en la comunidad ya que esta medida contribuirá a una agilización del trabajo en estos centros". De este modo, los tres juzgados de Menores de Valencia y los dos de Alicante se verán reforzados con un funcionario más cada uno, mientras que la Fiscalía de Menores contará a partir de diciembre con cinco personas más en Valencia, cuatro en Alicante y una en Castellón.
La nueva ley de Enjuiciamiento Civil reduce un 32% los pleitos.
La Vanguardia Digital 09.11.01
En los seis primeros meses del año han entrado en la Audiencia 6.028 pleitos, cuando en el mismo periodo del 2000 fueron casi 9.000 .La justicia toma aire.
En lo que va de año se ha reducido en una tercera parte el número de asuntos que llegan a las salas civiles de la Audiencia de Barcelona. Si en los seis primeros meses del año 2000 llegaron a ellas 8.871 asuntos, en el mismo plazo de este año han sido 6.028, es decir, un 32% menos, según datos ofrecidos ayer por el presidente de la Audiencia, José Luis Barrera. El "milagro" lo ha conseguido la nueva ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) -en vigor desde el pasado enero-, aunque no se sabe con certeza si por sus virtudes o por su novedad. Barrera explicó que a fines del año anterior, muchos abogados se apresuraron a poner sus pleitos con la vieja ley, ante la incertidumbre que todo cambio legislativo conlleva. Por otro lado, la obligatoriedad de ingresar fianzas en determinados momentos del proceso judicial puede haber disuadido a algunos ciudadanos, en opinión de Barrera, de iniciar según qué pleitos. Otro factor que puede haber incidido en el descenso es, en su opinión, la especialización de las salas -matrimonial, arrendamientos...-, cuyos criterios son conocidos por los abogados especializados, que saben qué vale la pena comenzar y qué no. Por otro lado, ante la novedad de la ley, algunos despachos pueden haber optado "por esperar y tantear por dónde anda la nue-va ley", según el magistrado barcelonés. Un abogado civilista de Barcelona -que pidió el anonimato- explicó ayer: "Como no sabemos cómo nos va a ir con esta nueva ley, muchos profesionales llegamos a pactos previos. Además muchos abogados apenas se han estudiado la nueva ley y por eso han retrasado la interposición de pleitos".
En cualquier caso, Barrera confía en que este respiro que ha permitido la nueva LEC sirva para despejar el gigantesco atasco que sufre la justicia. "Hay que aprovechar el momento para reducir la pendencia", dijo ayer Barrera. Los casos pendientes en las salas civiles de la Audiencia de Barcelona eran 13.325 a fines del 2000, apenas cincuenta menos que a final de 1999, pero casi mil menos que a fines de 1998. Los asuntos penales -a los que no afecta esa nueva ley- seguían en las cifras de años anteriores: hasta el 31 de julio de este año entraron 6.739 asuntos, treinta menos que en el mismo periodo del 2000.
El Colegio de Procuradores se hará cargo del servicio común de notificaciones G. MARTÍN ( La Verdad Digital 21.11.01) A pesar de estipular la ley que el servicio común de recepción de notificaciones de los juzgados es competencia del Colegio de Procuradores, el Decanato ilicitano lleva desempeñando esta labor desde siempre. Sin embargo, en breve, los procuradores se encargarán de su funcionamiento al haberlo solicitado su junta directiva. El acuerdo se tomará la próxima semana en el trascurso de una junta de jueces donde, además, se aprobará el protocolo a firmar entre el Decanato y el Colegio de Procuradores. En el mismo se estipulará con claridad los términos de funcionamiento del servicio, en particular los referidos a los horarios y días de apertura. La ley marca que el servicio se deberá prestar obligatoriamente los días hábiles. Esta clarificación no se hace en vano. Hace unas fechas, desde el Colegio de Procuradores se había tomado la costumbre de no notificar los viernes, lo que provocó algunos problemas y quejas. Al hacerse cargo del servicio los procuradores, éste abandonará el Decanato y se trasladara al local que tiene este colectivo en el Palacio de Justicia. Asimismo, los procuradores tendrán que contratar a dos auxiliares administrativos para asumir el trabajo.
CARMEN HERRERO CANO , PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES C/ Diego Ramirez Pastor, Nº 13 - 5 ºE, 03180 TORREVIEJA Teléfono 965 20 26 89 Fax 965 21 45 43 Móvil 667 65 53 21 E-mail: diego@procuradores-torrevieja.com
